El nuevo Tratado de Lisboa acordado en la madrugada de este viernes trata de eliminar los aspectos más polémicos de la Constitución Europea.
Estas son las principales diferencias respecto a la fallida Carta Magna, rechazada hace dos años en referéndum por Francia y Países Bajos.
1) Adiós a los valores simbólicos. El nuevo tratado intenta evitar cualquier alusión a aquellos valores que identificaban a la UE con un Estado. No cita la palabra "Constitución" y no habla de banderas, himnos o divisas. De esta forma, pretende contentar a los países más escépticos que temen que la UE pase a convertirse en un "superestado".
2) Mejora de las relaciones exteriores. Crea dos nuevos cargos de representación exterior de la UE: el de presidente permanente, que se ocupará de garantizar la cohesión y la coordinación del Consejo Europeo, y el de vicepresidente de la Comisión, que sustituirá a la figura del Alto Representante y que presidirá las reuniones de jefes de la diplomacia de los Veintisiete.
3) Polonia y Reino Unido, exentos. La Carta de Derechos Fundamentales es jurídicamente vinculantes, pero no para todos: no se aplicará ni en Polonia ni en Reino Unido.
4) Toma de decisiones. Se suprime el veto en unas 40 políticas, entre ellas la de inmigración, y se extienden las competencias de la Eurocámara.
5) La Comisión, más pequeña. El tamaño de la Comisión se reducirá a partir de 2013 para hacer este órgano más funcional. En lugar de un comisario por país, habrá un número de miembros equivalente a dos tercios de los Estados miembros.
6) Libertad para abandonar. Por primera vez se incluye una claúsula para permitir a un Estado miembro abandonar la Unión.
7) Con personalidad jurídica. Se reconoce la personalidad jurídica d de la UE y también la primacía del derecho comunitario sobre el nacional (aunque ya no en un artículo del Tratado, sino en un protocolo adjunto).
Entre otras novedades, el nuevo Tratado está desprovisto de cualquier carácter constitucional, y tampoco sustituirá a todas las normas anteriores, sino que se limita a enmendar al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que a partir de ahora pasará a llamarse Tratado sobre el funcionamiento de la UE.
Ello supone renunciar al ejercicio de simplificación previsto en la Constitución, un texto que recortaba de 2.800 a 400 las páginas del derecho primario comunitario.
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