El reto es grande: sacar adelante nueve carreteras de pago que fueron proyectadas y construidas por los gobiernos de José María Aznar (PP) durante la burbuja inmobiliaria.

A pesar de que Ana Pastor, actual presidenta del Congreso y exministra de Fomento, prometió que el dinero de los ciudadanos jamás se usaría "para resolver un problema como este", su sucesor, Íñigo de la Serna, aseguró este martes que no le queda más remedio.

¿Será capaz el Gobierno de Mariano Rajoy de reflotar unas vías que incumplieron las previsiones de uso desde el primer día? Este es su estado hoy.

Se trata de la M-12 al aeropuerto de Barajas; las radiales madrileñas 2, 3, 4 y 5 a Guadalajara, Arganda, Ocaña y Navalcarnero, respectivamente; la AP-41 a Toledo; la AP-36 Ocaña-La Roda, la AP-7 en su tramo Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante.

De las grandes constructoras del país y sus filiales, que, en ocasiones, participan de forma cruzada en más de una autopista. Son OHL, Ferrovial, FCC, Sacyr, ACS, Isolux Corsán, Acciona, Abertis, Sando, Comsa, Azvi y Ploder. También están implicadas Bankia, Kutxabank y otras entidades herederas de las antiguas cajas de ahorros.

En quiebra y pendientes de resolver sus respectivos concursos de acreedores. El juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid aplazó en septiembre -y por un plazo de 9 meses- la liquidación, cierre definitivo y venta de activos de la R-3, la R-5 y la circunvalación de Alicante. La sección a Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid decretó el 18 de noviembre, sin embargo, la liquidación y nacionalización inaplazables de la AP-36, como reveló el diario El Independiente.

El Gobierno de Aznar y las constructoras sobreestimaron la cantidad de usuarios que utilizarían estas infraestructuras e infravaloraron los costes de expropiación de los terrenos. Los afectados llegaron a multiplicar su valor por 10 en los tribunales. Tampoco contaron con que la crisis económica y la explosión de la burbuja inmobiliaria darían al traste con los grandes desarrollos urbanísticos que, en el interior y en la costa, surtirían de vehículos a las autopistas.

Entre 3.400 y 3.800 millones aunque las cifras pueden variar en función de la fuente. Los tenedores de esta mora son entidades como el Banco Santander, el BBVA, Caixabank, el Banco Popular, el Banco Sabadell o la también nacionalizada Bankia, además de entidades extranjeras (el Banco de Tokio, la Société Générale y el Natixis franceses, el Royal Bank of Scotland, el IKB Deutsche Industriebank de Alemania, el holandés ING) y dos fondos de inversión estadounidenses.

No existe ningún cálculo oficial. Seopan, la patronal de las constructoras, calcula que unos 5.500 millones de euros si se suman la deuda financiera y la responsabilidad patrimonial del Estado (RPA, un seguro firmado entre el Gobierno y las empresas para evitar las pérdidas de estas). La cifra se elevaría a 8.000 millones, según Seopan, si el Estado pierde los pleitos por reclamaciones pendientes. El ministro De la Serna afirmó este martes que las cantidades serán "sustancialmente" menores y que los ciudadanos saldrán ganando porque el coste de asumir las radiales aún será "muy inferior» al que hubiera tenido construirlas de forma directa.

Fomento creará una empresa pública, asumirá las pérdidas y venderá de nuevo las carreteras cuando vuelvan a ser rentables. Las pérdidas se pagarían a plazos mediante bonos a 30 años con una rentabilidad del 1%.

El Gobierno de Felipe González ya nacionalizó en 1984 seis autopistas que, tras ser saneadas, fueron vendidas a Sacyr por casi 1.600 millones. Entre las finalistas estaban las mismas constructoras que después acometieron las actuales vías quebradas, por lo que nada garantiza el resultado. Además, los bancos se niegan a aplicar la quita del 50% sobre la deuda que Fomento les propone y piden más rentabilidad en caso de que las deudas se titulicen. Las radiales nunca han alcanzado las cifras de usuarios previstas, por lo que jamás ingresaron lo suficiente gracias a los peajes. La mayoría de los desarrollos urbanísticos anexos a sus respectivos trazados están prácticamente paralizados pese al repunte de la actividad económica. Con todo, su tráfico ha subido un 7,3% en lo que va de año.

Fomento mantiene bajo estudio, entre otras, la alternativa a la A-1 en Madrid (la R-1, que impulsa la dirigente del PP Cristina Cifuentes) y la ampliación de la AP-41 desde Toledo.