La quiebra de las autopistas de peaje acabará finalmente en nacionalización con dinero público. Así lo reconoció este lunes el ministro Íñigo de la Serna, en una entrevista en Los Desayunos de TVE. "Las autopistas revertirán al Estado y será el Estado quien decida cómo gestionarlas", aseguró el titular de Fomento; "el principal objetivo es que sigan operativas y los ciudadanos las sigan usando permanentemente".

Son nueve las autopistas quebradas y en riesgo de liquidación: las radiales R-2 (Madrid-Guadalajara), R-3 (Madrid-Arganda), R-4 (Madrid-Ocaña) y R-5 (Madrid- Navalcarnero) que sirven de entrada a la capital, la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda, la AP-7 Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante el y eje M-12 a Barajas.

Entre todas acumulan una deuda de 3.400 millones y el Estado planea un rescate se alcance o no un acuerdo con los bancos acreedores, entre los que están los 'seis grandes': Santander, Caixabank, BBVA, Bankia,Popular y Sabadell.

"Es un proceso enormemente comprometido, pero intentaremos que no se produzca un vacío", explica el ministro De la Serna, que busca la formula ideal para el rescate por parte del Estado. "Estamos intentando negociar con las entidades para ver si es posible un acuerdo que facilite las cosas, pero es complicado porque algunos bancos han vendido ya su deuda", dijo el ministro.

Y es que parte de la deuda en la que incurrieron estas empresas quebradas la asumen estos bancos, pero otra fracción –que estaba en algunos casos en manos de entidades extranjeras– se traspasó a fondos de inversión, lo que dificultaría ahora el pacto. Tampoco ayuda en la búsqueda de una solución que tres de las vías que serán rescatadas, las radiales R-4, R-3 y R-5, estén en concurso judicial de acreedores para su próxima liquidación.

La idea de rescate que De la Serna pone sobre la mesa es similar a la que planteó el Gobierno en 2014. Aquella solución, que no fructificó, consistía en crear una empresa pública que absorbiera las ocho vías. Pero con dos añadidos: una quita del 50% de la deuda –es decir, los acreedores deberían aceptar la renuncia a la mitad de sus derechos de cobro– y titulizar el resto de la deuda en un bono a 30 años y un interés mínimo del 1% para que el rescate no inflase el déficit público. Pero las entidades no tragaron con la propuesta.

El ministro lamenta que se haya llegado a esta situación pero explica que los motivos de la quiebra de las radiales han sido tres: primero, un "incremento del coste de las expropiaciones" de los terrenos que atraviesan; también porque las expectativas de uso eran demasiado optimistas ("el tráfico no llega ni a la mitad de lo que se esperaba", dijo ayer De la Serna sobre un uso que en 2014 era un 48% inferior al de 2007); finalmente, el tercer motivo de su quiebra es la existencia de una red amplia de carreteras gratuitas y parelas a las vías de pago.

De momento, lo que es seguro es que el ministerio debe asumir antes de julio de 2017 dos de las vías radiales de Madrid, la R-3 y la R-5, según dictaminó en mayo el juez que decretó liquidar ambas autopistas "sin efectos suspensivos". La asunción de ambas vías iba a producirse en octubre pero el juez aceptó una prórroga de nueve meses, hasta julio de 2017, por la situación "en funciones" del Ejecutivo.

Aquel auto, de todos modos, fue recurrido por Fomento. El Gobierno estimaba que a medio plazo estas autopistas serían rentables porque su uso, después de la crisis, estaba comenzando a remontar. Y así ocurre. Este año circulan casi 11.000 vehículos a diario por la R-3 (un tráfico que supera en un 6% al de 2015) y 7.300 enfilan cada día la R-5 (12% más).

Sobre ese recurso tendrá que pronunciarse ahora una instancia superior, la Audiencia Provincial. En el caso de las otras seis vías, la Justicia decretó una moratoria de 'medio año sin liquidaciones' para dar margen a la negociación.

Facua-Consumidores en Acción rechaza que el Gobierno "nacionalice las pérdidas de quienes no han sabido gestionar las autopistas" y ha recordado que la patronal de la constructoras Seopan cifró el rescate en 5.000 millones. "El Ejecutivo asume las pérdidas de estas carreteras en quiebra porque seis bancos (Santander, Bankia, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Banco Popular) y las principales constructoras sobreestimaron su tráfico", dicen.

Tras censurar que el Ejecutivo "vuelva a priorizar la salvaguarda de los intereses de bancos y constructoras frente a las necesidades más básicas de la mayoría de los ciudadanos", la asociación recuerda que es la segunda vez que el Estado acude al rescate de las autopistas de peaje. En 1984 se hizo una nacionalización similar para "salvar a los mismos concesionarios que ahora piden ayuda: bancos y constructoras", recriminan. Por ello, recuerdan que "en 2003, una vez que se sanearon las cuentas y las autopistas volvían a dar beneficios, se ofrecieron en concesión".