Airbnb recurrirá la multa del Ayuntamiento de Barcelona y seguirá buscando el diálogo

La app de Airbnb.
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AIRBNB
La app de Airbnb.

La plataforma Airbnb ha informado este jueves que recurrirá la sanción de 600.000 euros que el Ayuntamiento de Barcelona le ha impuesto por seguir anunciando pisos turísticos sin licencia, y ha asegurado que "seguirá buscando el diálogo" con el consistorio.

En un comunicado, la compañía ha considerado que "es una decisión triste", y ha recordado que hace menos de un mes se celebró una reunión con representantes del Ayuntamiento, en la que ha señalado que Airbnb se comprometió a trabajar de manera conjunta para apoyar los intereses de la ciudad.

"Airbnb es parte de la solución en Barcelona. Quiere ser un buen aliado de las ciudades y seguirá buscando el diálogo con el ayuntamiento", ha añadido.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento sancionará a las plataformas Airbnb y Homeway con 600.000 euros por haber ignorado el primer requerimiento de la administración para que dejaran de anunciar pisos turísticos ilegales y facilitaran los datos de estos alojamientos, por lo que ya se les impuso una sanción de 30.000 euros a cada una.

Como han continuado con esta actividad, la infracción pasa de ser grave a muy grave, por lo que se ha fijado una sanción de 600.000 euros para cada una, el máximo previsto por la Ley de Turismo.

"Contradicción"

Airbnb ha considerado que "hay una contradicción en las políticas turísticas en Barcelona", ya que, a su juicio, favorecen a los operadores comerciales y a los apartamentos que se dedican únicamente al turismo en zonas turísticas, en detrimento de las personas que quieren compartir el propio hogar.

La plataforma ha lamentado que la situación actual en la capital catalana "es confusa para todos" porque los diferentes niveles de gobierno están tomando decisiones, a veces, contradictorias, y llevando a cabo procesos que ha asegurado que reprimen la innovación y dificultan que los ciudadanos puedan compartir sus hogares.

"Estas son normas anticuadas que protegen a las industrias ya existentes y amenazan los ingresos económicos de millares de ciudadanos", ha criticado.

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