La jueza de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha enviado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que investigue al diputado socialista andaluz Carmelo Gómez por cobrar 8.390,55 euros en 2007 de Mercasevilla con un contrato que podría ser simulado.

En la exposición razonada, a la que ha tenido acceso Efe, la jueza considera que "existen indicios racionales de criminalidad" respecto al diputado, y por tanto aforado, quien, junto a otras seis personas más, habrían cometido los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.

La jueza afirma que el contrato del parlamentario y miembro de la ejecutiva del PSOE-A, que le hizo una empresa del "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas, pudo ser simulado y no respondía a actividad laboral real alguna. Añade la instructora que el dinero que cobró fue abonado con fondos procedentes de Mercasevilla "mediante el pago de facturas por trabajos no realizados".

En la exposición razonada, la jueza incluye al exconcejal de Sevilla José Antonio García (PSOE), al exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet, a Lanzas, a su cuñado Ismael Sierra; a Carmen Rodríguez, nuera del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, y al gestor José Rodríguez López.

Gómez, de 48 años, secretario de Formación y Nuevos Afiliados del PSOE-A y presidente de la comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento autonómico, estuvo dado de alta en la sociedad Maginae Solutions SL durante 133 días de 2007, entre el 22 de marzo y el 1 de agosto, explica la jueza.

En ese periodo cobró 4.705,85 euros en concepto de empleado por cuenta ajena en general y 3.684,7 euros por rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen, según la jueza, que continúa una investigación iniciada por su antecesora en el juzgado, Mercedes Alaya.

En un oficio de la Guardia Civil al que alude la magistrada, se señala que Mellet, en connivencia con Lanzas y su cuñado, abonó con cargo a Mercasevilla 70.000 euros en concepto de rendimientos del trabajo y dietas al diputado, al exconcejal y a la nuera de Rivas.

La jueza afirma que los indicios de los posibles delitos "han sido refrendados por la documentación aportada, la actividad objeto de la contratación y pago del salario", y añade que los investigados han guardado silencio al ser citados, "en especial los responsables de las empresas en las que se supone que estuvo trabajando".

El exconcejal José Antonio García, por su parte, estuvo dado de alta en Al-Andalus Mass Media Chanel y la nuera de Rivas en la entidad Consulting Social Siemur, ambas del cuñado de Lanzas. Para pagar a Gómez y a otros implicados, la jueza explica que Lanzas y Mellet actuaron en connivencia con la emisión de cuatro facturas amparadas en contratos de servicio de empresas del "conseguidor".

Por su parte, la Fiscalía de Sevilla ha solicitado a la jueza que procese a un total de 20 personas en la causa del presunto delito sociatrio del mercado central de Sevilla, al considerar que "existen indicios de la comisión de unos hechos con real relevancia penal cometidos en la administración de los fondos" de Mercasevilla.

La Fiscalía ha dado así por concluida la investigación de este caso, abierta en 2009, sin apreciar delito societario, pero sí prevaricación, malversación y falsificación de documento mercantil.

A juicio del Ministerio Público, podrían haberse cometido un delito de prevaricación, "derivado de la firma de contratos con las empresas Hermes Consulting y Maginae Solutions"; otro de malversación de caudales públicos por los "diversos actos de disposición de fondos de Mercasevilla realizados sin control ni causa lícita alguna", y un tercer delito de falsificación de documento mercantil derivado de la "confección, presentación y final pago por Mercasevilla de facturas por servicios ficticios".

Los señalado por la Fiscalía son los exdirectivos de la lonja Fernando Mellet y Daniel Ponce; la responsable del departamento de contabilidad, Pilar Giraldo; los administradores "de hecho y de derecho" de la empresa Hermes, Francisco José González García y Francisco Limón Romero; Juan Lanzas e Ismael Sierra "como administradores de hecho y de derecho" de la empresa Maginae; José Rodríguez López como "cooperador" de los anteriores, y María del Carmen Rodríguez y José Antonio García como "beneficiarios de los contratos simulados en las empresas de Ismael Sierra y Juan Lanzas, cuyos salarios fueron indiciariamente abonados con fondos" del merca.

De igual modo, reclama a la jueza que procese al que fuera presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado, Antonio Vela, "por el cobro injustificado del importe de unos palets", y a su hija Carmen Vela como "beneficiaria del pago de una supuesta beca", así como a ocho trabajadores de Mercasevilla que se acogieron al ERE de 2007 y que "pactaron con Fernando Mellet recibir de manera ilícita más dinero del debido bajo la cobertura de un premio extraordinario de jubilación y/o gratificación".