El acuerdo de Gobierno entre el PNV y el PSE-EE contempla que la ponencia creada en el Parlamento vasco hará un borrador de un nuevo Estatuto de autonomía en un plazo de 8 meses desde su constitución. Asimismo, recoge la apuesta por un "final ordenado" de ETA, el acercamiento de los presos al País Vasco y sitúa el empleo como la "prioridad" del Ejecutivo.

El documento, que lleva por título Pilares para construir una Euskadi con más y mejor empleo, más equilibrio social, más convivencia y más y mejor autogobierno, tiene que ser ratificado por los máximos órganos internos de las dos fuerzas políticas.

El apartado de autogobierno, que ocupa 10 de las 71 páginas del texto pactado y se titula "Más y mejor autogobierno", reconoce a los dos socios la "libertad para defender" en la ponencia de autogobierno sus "respectivos postulados y planteamientos en materia de autogobierno".

Este apartado ha sido el más complicado de la negociación entre nacionalistas y socialistas por las profundas diferencias que mantienen en cuanto al llamado "derecho a decidir" o a la bilateralidad en las relaciones de Euskadi con el Estado que defiende el PNV y rechaza frontalmente el PSE-EE.

Ambos partidos se comprometen a buscar "con el mayor consenso posible una formulación abierta" de las bases y principios para la actualización del autogobierno vasco, que se tramitará "siguiendo las normas y procedimientos jurídicos-legales vigentes".

Asimismo, establece que una vez aprobado por las "instituciones competentes" el acuerdo será sometido a referéndum como establece la actual Carta de Gernika, sin mencionar la "consulta habilitante" antes de llevarlo al Congreso de los Diputados que defiende el PNV.

Nacionalistas y socialistas no concretan una posición común y solo mencionan las cuestiones que se debatirán en el Parlamento, como el "reconocimiento de Euskadi como nación" o el "reconocimiento del derecho a decidir del Pueblo Vasco y su ejercicio pactado en un marco de negociación y acuerdo dentro del ordenamiento jurídico vigentes en cada momento".

También incluyen la posibilidad de reformar la Constitución para aumentar el autogobierno vasco y "blindar" sus competencias -que encaja con la reforma federal que propone el PSOE-, las relaciones con Navarra y el País Vasco francés o la presencia de Euskadi en organismos de la UE.

El mantenimiento de la cláusula de reserva de los Derechos Históricos en la Constitución y la reforma de la arquitectura institucional interna del País Vasco, con la "definición" de las competencias en materia fiscal del Parlamento, son otros de los asuntos a abordar en la ponencia.

PNV y PSE-EE "avanzan", a partir de los informes de 1993 y 1995, que las competencias y funciones no transferidas al País Vasco pese a estar recogidas en el actual Estatuto son 35, de las cuales califican como "prioritarias" las de prisiones y la gestión de la Seguridad Social sin romper la "caja única".

Otras materias que reclaman como pendientes son el Instituto Social de la Marina, el Fogasa, los aeropuertos, puertos, ferrocarriles y autopistas, banca, seguros, sector público estatal, defensa de la competencia, hidrocarburos, seguridad privada, el carné de conducir o la matriculación de vehículos, entre otras.

En la introducción del acuerdo, el PNV y el PSE-EE valoran el Estatuto de Gernika y dicen que su actualización debe servir para "profundizar en la convivencia democrática y avanzar en la cohesión y la justicia social".

Además de la reforma para su ampliación, los dos partidos estiman "urgente e inaplazable" crear mecanismos más eficaces para la "defensa del autogobierno vasco" ante el "fuerte impulso recentralizador" del Estado y garantizar su "cumplimiento íntegro".

Además, el acuerdo de gobierno entre peneuvistas y socialistas limita la modificación del entramado institucional vasco -una reivindicación histórica del PSE- al compromiso de abordar una "reflexión compartida" sobre la "proyección interna" de autogobierno.

Esa reforma interna reconocerá "la fuerte personalidad diferenciada de cada uno de los territorios", pero, "al mismo tiempo, garantizará una articulación más equilibrada entre las instituciones comunes (Gobierno y Parlamento vasco) y los territorios históricos", además de incorporar a los Ayuntamientos.

Por otro lado, el acuerdo apuesta por un "final ordenado" de ETA y el acercamiento de los presos de la banda terrorista al País Vasco, e insta a la transferencia de la competencia de centros penitenciarios.

El tercer punto de los cuatro incluidos en el texto del acuerdo es el dedicado a "La convivencia y los derechos humanos", un asunto en el que el objetivo será "consolidar sólidamente la paz y la normalización de la convivencia y contribuir, para ello, también en la materialización del fin definitivo de ETA".

El pacto apuesta por la disolución de ETA con un "final ordenado de la violencia", lo que se concreta en el apoyo a "la verificación de un calendario de desarme definitivo, que previamente incluya una declaración de ETA sobre su carácter irreversible e incondicional, como expresión de su voluntad de disolución".

Además, incluye una "propuesta de reorientación de la política penitenciaria que fije como objetivo fundamental la reinserción, atienda prioritariamente las problemáticas de mayor incidencia humanitaria y favorezca el acercamiento de presos" al País Vasco.

En los dos asuntos, final de ETA y presos, el texto prevé la presentación de sendas proposiciones no de Ley en el Parlamento vasco para su respaldo, sin más iniciativas concretas. En el caso de la política penitenciaria, se añadiría otra proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados, instando al consenso en esta materia al Gobierno español -que es el que tiene la competencia sobre las prisiones- y al Gobierno vasco.

También prevé la aprobación de un decreto vasco que, "en línea con la corriente europea de justicia restaurativa, regule y promueva las políticas públicas de reinserción".

El texto insiste en la necesidad de la disolución de ETA y contiene un llamamiento a evitar las justificaciones: "Ningún argumento -ni un contexto o teoría del conflicto, ni una tesis sobre bandos enfrentados, ni la denuncia de vulneraciones de signo diferente, ni una razón de Estado, ni la prevalencia del futuro- puede ser invocado para minimizar, justificar o legitimar ETA, ni ninguna otra violación de los Derechos Humanos".

También puestan por el desarrollo de la Ley de reconocimiento y reparación de víctimas aprobada en julio por el Parlamento vasco y por continuar con la "clarificación y reconocimiento institucional vasco de la verdad de la memoria histórica y de reparación a las víctimas".

Además del desarme y la disolución definitiva de ETA y la política penitenciaria, el tercer punto destacado del acuerdo es la necesidad de trabajar en la memoria crítica sobre el pasado. Para ello, además de insistir en trabajar en la educación, se creará en el Parlamento vasco una ponencia específica sobre Memoria y Convivencia en Euskadi.

Por otro lado, el acuerdo entre las dos formaciones también prevé que los socialistas dirigirán en el Gobierno vasco las consejerías de Trabajo y Justicia; Turismo, Comercio y Consumo, y Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, en un Ejecutivo que aumentará el número de departamentos respecto al actual de 8 áreas, han informado fuentes socialistas

El reparto de carteras es similar al que ya mantienen en las diputaciones, aunque en este caso los socialistas no gestionarán Transportes, que sí tienen en los gobiernos forales.

Las áreas de Empleo ya las gestionan en Bizkaia y Álava, mientras que la de Turismo también está a cargo de los socialistas en Gipuzkoa y Álava.

Aunque se han decidido las tres carteras de los socialistas, no están concretadas las materias que se integrarán en cada una de ellas, por ejemplo si se incorpora o no Justicia a Empleo, Medio Ambiente a Vivienda o Comercio y Consumo a Turismo.