La ofesiva judicial de un grupo de militantes socialistas contra la gestora del partido se amplía. A la denuncia por la vía civil admitida a trámite hace semanas por un juzgado de Zaragoza, en la que se solicita la impugnación del Comité Federal del pasado 1 de octubre, ahora se suma una denuncia penal ante el l Juzgado de instrucción 13 de Madrid.

Así, mientras un juzgado de la capital aragonesa investiga supuestas irregularidades en el cónclave que propició la salida de Pedro Sánchez y la creación de la actual gestora, un juez de Madrid ha abierto ahora diligencias previas tras la demanda penal presentada contra el presidente de dicho órgano, Javier Fernández;  su portavoz, Mario Jiménez, la secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, y el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, a quienes los denunciantes acusan de "coacciones" a los diputados socialistas y de "usurpación de funciones".

El juzgado madrileño, tras la apertura de diligencias, ha informado a la Fiscalía, que será quien informe de si procede o no admitir a trámite la demanda, han informado fuentes jurídicas. Al ser aforados todos los denunciados, en el caso de que la demanda se admitiese, serían investigados por el Tribunal Supremo, no por los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.

Los denunciantes acusan a la gestora del PSOE de "coacciones" al grupo parlamentario socialista al imponer la abstención en la investidura de Mariano Rajoy. Su argumento es que la gestora, para obligar a la abstención, se remitió a la resolución que el Comité Federal, convocado por este órgano, aprobó el pasado 23 de octubre. Sin embargo, recuerdan estos militantes que tanto "la elección de la gestora el 1 de octubre como todos sus actos" están siendo investigados en un juzgado de Zaragoza.

El otro delito que denuncian es el de "usurpación de  funciones", ya que consideran que la gestora es "ilegal", al no contemplarse en los estatutos del partido, y "no puede equipararse ni ejercer como Ejecutiva Federal, que es lo que realmente está haciendo", señalan.

"Lo ocurrido antes, durante y después del Comité Federal del 1 de octubre es una flagrante vulneración de los estatutos y por consiguiente un incumplimiento de la ley de funcionamiento de los partidos políticos", ha explicado este lunes el militante madrileño Luis Chamarro González a las puertas de la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Chamorro, en representación de los afiliados socialistas que han apoyado emprender estas medidas legales, que ya son más de 400, ha registrado en la sede del partido el auto de la denuncia penal  y una carta dirigida a la Comisión de Garantías del PSOE, en la que se insta a dimitir a los miembros de la gestora y a convocar un Congreso Federal extraordinario, que es lo que establecen los estatutos para una situación en la que se produzca la baja de más de la mitad de los miembros de la Ejecutiva Federal.

Los militantes "tienen derecho a pedir cuentas y tienen la obligación de denunciar lo que entienden como delito contra el derecho de los ciudadanos". "Hemos pedido el acta que recoge fielmente lo que pasó en esa reunión, no vale con que filtren conclusiones absolutamente inaceptables", ha añadido. "Se puede tener una opción política, se puede discutir, pero lo que no se puede es vulnerar la Ley para conseguir una posición de fuerza que haga que lo que tú quieras conseguir salga para adelante", ha explicado, al tiempo que ha remarcado las decisiones de la comisión gestora del PSOE son "ilegales" en el interno del partido y deben "revisarse". "La gestora sabe que no está habilitada para lo que está haciendo, por eso estamos pidiendo que lo reconsidere", ha concluido.