El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP Rita Barberá por un presunto delito de blanqueo de capitales. El caso fue remitido por el juzgado de instrucción número 18 de Valencia, que vio indicios de delito en los hechos relacionados con el supuesto blanqueo en el seno del grupo municipal popular, una pieza separada del caso Imelsa.

La Sala II, en un auto notificado este martes, considera "imprescindible" seguir con la investigación para esclarecer los hechos, que fueron remitidos por el juez instructor de Valencia por la condición de aforada de Barberá como senadora.

La mecánica, según la investigación, consistió en la donación de 1.000 euros por parte de concejales, asesores y empleados del grupo municipal del PP, entre marzo y abril de 2015, que posteriormente les fueron presuntamente devueltos con dos billetes de 500 euros. De este modo, los investigadores consideran que se pudieron blanquear 50.000 euros para la campaña electoral de Barberá de las elecciones municipales de 2015, que finalmente supusieron su salida de la Alcaldía de Valencia tras 24 años consecutivos de mandatos.

El origen de la investigación se halla en una conversación telefónica grabada por la Policía, en la que la exconcejala del PP María José Alcón, investigada por supuestas adjudicaciones irregulares durante su etapa, narraba a su hijo la mecánica del supuesto blanqueo.

Según relata el magistrado instructor de Valencia en su exposición razonada al Supremo, la secretaria del grupo popular, María del Carmen García-Fuster "era la persona que operaba de facto con las dos cuentas bancarias conocidas abiertas a nombre de dicho grupo", especialmente una en el Banco Sabadell a la que llegaron los ingresos de 1.000 euros.

En cuanto al origen del supuesto dinero blanqueado, el que presuntamente recibieron los donantes mediante dos billetes de 500 euros, el instructor dice que la investigación "es más compleja" y trata de averiguar, a través de las anotaciones de García-Fuster, si proviene de mordidas. En su declaración, la exsecretaria del grupo municipal del PP no quiso desvelar ni el origen de ese dinero ni la identidad de la persona que se lo hacía llegar.

El instructor de Valencia deja constancia de que Rita Barberá "fue una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros", por lo que ve "incoherente" imputar al resto de sus concejales y no a ella, y por eso decidió elevar el caso al Tribunal Supremo. Además, recuerda que era la superiora jerárquica de García-Fuster, además de tener una estrecha relación personal con ella, y la máxima responsable del grupo municipal del PP en Valencia.

No obstante, también señala que ningún testigo ni imputado ha relacionado de manera directa a Barberá en la entrega de dinero ni en las órdenes para que se llevara a cabo o aceptara esta mecánica. Rita Barberá negó en su declaración los hechos y también lo hizo en una rueda de prensa a finales de febrero de este año.

Por todo ello, la Sala, a través de un auto en el que firma como ponente el magistrado Manuel Marchena, concluye que los hechos descritos "sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales" previsto y penado en los artículos 301 y siguientes del Código Penal.

Respecto al resto de los investigados, el Supremo se inclinan porque la causa siga en el juzgado de instrucción número 18 de Valencia, aunque el Alto Tribunal pedirá todos los datos relacionados con la persona aforada, es decir, con Rita Barberá.

La Sala, finalmente, tras declararse competente para investigar a la exalcaldesa de Valencia por blanqueo de capitales, designa instructor al magistrado Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado entre 2004 y 2011, durante los mandatos del expresidente socialista José Luis Rodríguez-Zapatero.

Pese a que se contemplaba la posibilidad de que Barberá acabara investigada, el PP decidió este lunes incluirla en dos comisiones del Senado y estaba a la espera de acontecimientos para designarla o no como miembro de la Diputación Permanente.

Por otro lado, Barberá recibió este lunes el respaldo del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien sostuvo que la senadora solo debería asumir responsabilidades políticas en el caso de ser procesada, y no por ser investigada. Este martes, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que el pacto entre este partido y el PP obliga a Barberá a dimitir si es investigada.

La senadora del PP se ha excusado ante la dirección del grupo popular en la Cámara Alta y esta tarde no acudirá a las sesiones constitutivas de las dos comisiones de las que forma parte, según han explicado fuentes de este grupo parlamentario.

Barberá ha comunicado que ahora quiere "estudiar" el auto por el que el Tribunal Supremo acuerda investigarla por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como "pitufeo" realizadas cuando era alcaldesa de esta ciudad.

La exalcaldesa está integrada como vocal en las comisiones de Economía y Constitucional del Senado, pero no va a asistir a sus respectivas sesiones constitutivas, algo que según han comentado fuentes del grupo, no causará anomalía alguna en su conformación.

Respecto a la posibilidad de que Rita Barberá comparezca públicamente para explicar su posición tras la decisión del Supremo, las fuentes se han limitado a constatar que la senadora no acudirá al Senado y que se va a ocupar de analizar el auto judicial.

Mientras tanto, dirigentes del PP consultados por Europa Press esperan que Barberá renuncie a su cargo en el Senado por voluntad propia después de la decisión tomada por el Tribunal Supremo. Los cargos 'populares' creen que si no da ya ese paso atrás, Mariano Rajoy debe forzar su dimisión cuanto antes para no perjudicar al PP gallego y vasco.

En las filas del partido reconocen en privado que era la "crónica de una muerte anunciada" que el Supremo implicara a la exregidora en el caso Imelsa y el partido se viera obligado a tomar medidas. Lo que ha pillado a contrapié al partido es el momento político, en plena campaña de las elecciones en Galicia y el País Vasco y con el patio político revuelto tras la investidura fallida de Rajoy.

En el PP dan por hecho que este asunto está en manos de Rajoy y que será él mismo el que tenga que resolverlo personalmente, después de que a lo largo de esos meses Barberá se haya aferrado a su escaño y haya rechazado dar un paso atrás alegando que no blanqueó dinero.

A doce días de las elecciones gallegas y vascas, son muchos los cargos del PP que apremian a Génova a tomar una decisión cuanto antes y zanjar de una vez este tema, que puede hacer retroceder posiciones a Feijóo —las encuestas publicadas hasta ahora dan que revalida su mayoría absoluta— y a Alonso, que puede tener un papel clave en la gobernabilidad del País Vasco.

Fuentes 'populares' admiten que, "dependiendo de la solución" que se le dé a este caso, puede tener o no influencia en la campaña electoral. "Algunos sienten mucha caloret con este tema", dice uno de los cargos consultados, que cree que el partido debe dar una imagen de contundencia ante cualquier sospecha de corrupción.

Por lo pronto, Rajoy ha evitado este martes en dos ocasiones pronunciarse sobre Barberá durante sus paseos electorales por Ourense, donde los periodistas le han preguntado expresamente si iba a apartar a la exalcaldesa.