La comisión de Gobierno de Barcelona ha aprobado la instrucción para desarrollar jurídicamente la Ley 24/2015 para avanzar en la implementación del combate contra la pobreza energética, y prevé sanciones de entre 10.000 y 100.000 euros y multas coercitivas de hasta 3.000 euros a las empresas suministradoras que incumplan los criterios.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha explicado este viernes en declaraciones a los periodistas que han redactado también un convenio que abordarán con las suministradoras, y ha avisado de que plantean imponer multas coercitivas si no avanzan en el proceso de negociación, porque la ley incluye la obligatoriedad de alcanzar estos convenios.

Ha destacado que el documento establece la obligatoriedad de que las empresas garanticen el derecho a la información de los usuarios y la prohibición de cortar los suministros a personas en riesgo de exclusión y situación de vulnerabilidad, entre otras medidas.

"Es una instrucción jurídica que también prevé que, si esto no se cumple, se pueden implementar tanto sanciones como multas coercitivas para que las suministradoras cambien de actitud", ha insistido Ortiz, que ha explicado que han trabajado el documento con las entidades impulsoras de la ley, especialmente con la Alianza contra la Pobreza Energética.

Ortiz ha resaltado que la ley establece que "ya no es sólo que las administraciones públicas deben combatir la pobreza energética, sino que deben ser corresponsables" las empresas, y ha sostenido que la propuesta del convenio es muy ambiciosa y promueve la responsabilidad tanto del Ayuntamiento como de las compañías.

Ha defendido que existen mecanismos para que las empresas comprueben si los usuarios están o no en situación de vulnerabilidad, que figuran en la instrucción, y ha apostado por que las compañías tengan un papel "más proactivo", porque no se puede imponer a personas en situación de fragilidad toda la carga de realizar todos los trámites para demostrar su situación.

"Lo que no puede ser es que giren la espalda a una situación que es creciente en la ciudad", ha aseverado Ortiz, que ha dicho que estas compañías operan desde una condición de oligopolio que les aporta grandes beneficios.

Ha asegurado que el de Barcelona es el primer ayuntamiento que aprueba esta instrucción, y ha pedido a la Generalitat avanzar en el desarrollo reglamentario y elaborar un convenio ambicioso a nivel catalán, porque hay municipios con menos "capacidad de impulsar convenios bilaterales" con las suministradoras.