La jueza María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha rectificado y dejado sin efecto la imputación del exconsejero de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en la pieza separada de las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones.

En un auto fechado este viernes, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla "rectifica" el auto de 8 de junio en el que abrió la pieza separada de las sobrecomisiones contra Gaspar Zarrías y otras 15 personas y deja sin efecto "la vinculación" del exconsejero con esta pieza en concreto.

En este sentido, la jueza recuerda que el artículo 214.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, "después de proclamar el principio de que los tribunales no podrán variar sus resoluciones una vez firmadas, permite sin embargo, en el apartado 3, rectificar errores materiales manifiestos o errores aritméticos que se hubieran podido cometer, rectificación que puede tener lugar en cualquier tiempo".

"En el presente caso el error, ahora advertido, es manifiesto, como se desprende de la simple lectura de los autos, por lo que procede su rectificación", reconoce la instructora.

Tras la rectificación de la jueza, el auto afecta a 15 personas por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre ellas el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero o el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas.

En relación a la pieza de las sobrecomisiones, la magistrada investiga "hechos relativos a la determinación o fijación de la prima de la póliza y porcentaje de comisión, bien de forma directa o bien indirecta, y luego su reparto a pesar de todo ello presuntamente ilícito".

A su juicio, "las sobrecomisiones derivarían del hecho puesto de manifiesto en el estudio de las pólizas de rentas y de capital —no solo en ayudas sociolaborales sino encubriendo ayudas directas a empresas (Aglomerados Morell), pagos de compromisos asumidos (FCC y Cespa) o directamente pagos de deudas previas de empresas (comercial Dhul)— de importes de primas pagados por la Junta de Andalucía".

En este sentido, la jueza asevera que estos últimos pagos de importes de primas por la Junta serían "muy al parecer superiores al precio de mercado de estas", puesto que "era la cuantificación de la prima el instrumento mediante el cual la mayoría de los agentes que intervienen en el proceso se garantizarían una participación presuntamente ilícita en el reparto de los fondos de la Junta".

La jueza incluye en esta pieza "como penalmente responsables" al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, al cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, y a los extrabajadores de Vitalia Jesús Bordallo y Antonio Albarracín.

Igualmente, en esta pieza serán investigados Antonio Garrido Santoyo, exsecretario de Política Municipal del PSOE en Baeza (Jaén), exsecretario de Administración de UGT en Sevilla e 'intruso' en el ERE de 2007 de Mercasevilla; el dueño de Uniter, José González Mata, o los presuntos 'testaferros' Eduardo Leal del Real y Juan Francisco Algarín.

La pieza también afecta a Damián Jiménez Rueda, que fue secretario provincial de Alimentación de CC OO en Jaén entre 1996 y 2004 y cuya esposa fue incluida como 'intrusa' en el ERE de Dhul; Luis Javier García de los Reyes, exdirigente de la UGT en Jaén cuya esposa fue incluida en la póliza de prejubilaciones de Hitemasa; el abogado Carlos Leal; Mariano Martínez Fernández, antiguo trabajador de Hijos de Andrés Molina y "posible conocido de Lanzas" que falleció recientemente, y Beatriz Núñez.