CCOO considera que, tras la devolución en la nómina de mayo de la restante paga extra de 2012 a los funcionarios del Estado, las devoluciones efectivas en varias comunidades y el acuerdo para la devolución en Andalucía, "no quedan argumentos al Gobierno de Canarias para no realizar el devolución con carácter inmediato a los empleados públicos de la Comunidad Autónoma".

El sindicato señala en una nota que ya ha tomado diversas iniciativas desde que en junio de 2012, mediante Decreto-Ley, el Gobierno de España decidiera suspender el pago de la paga extraordinaria correspondiente al mes de diciembre a todos los empleados públicos. El descuento se realizó en la paga extra de 2012 aplicándose el decreto con efectos retroactivos, afectando así a derechos ya devengados, añade CCOO.

Ante esta situación, Comisiones tomó las iniciativas judiciales oportunas para reclamar el pago de la parte de la paga que legalmente correspondía al conjunto de empleados públicos, obteniendo en muchos de los casos resultados positivos. Tal es así que el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite un recurso de CCOO contra la constitucionalidad de la supresión de la paga extra, así como diferentes cuestiones referidas a las cantidades de la misma que podrían haberse devengado hasta la fecha de entrada en vigor del RDL 20/2012.

CCOO Canarias ha reclamado durante estos años en distintos ámbitos de negociación al Gobierno de Canarias el abono de la paga extra correspondiente a la anualidad de 2012, dadas las resoluciones judiciales favorables en relación a esta materia; sin embargo, aclara que la Administración pública de la Comunidad Autónoma rechazó aplicar estas sentencias, aduciendo la falta de una resolución judicial firme que le obligara a abonarlas.

La organización sindical recuerda que tras varias resoluciones judiciales favorables que condenaron a la Administración canaria a abonar un porcentaje del total detraído a los empleados públicos de Canarias, se produce un primer abono de un 24% de la paga extra en abril de 2014, al que sigue un segundo abono en diciembre de 2015.

Según CCOO, "en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2016 no queda constancia cuándo se pagará el restante 49,7% de la paga sustraída a los empleados públicos en 2012, y además se deja a criterio de las comunidades autónomas que devuelvan o no esa parte de la paga, en función del etéreo concepto disponibilidades presupuestarias".

Comisiones Obreras asegura que, como ya ha hecho el Gobierno con la resolución publicada el 24 de septiembre de 2015 para la devolución del 26,2% de la paga, este concepto "está permitiendo a muchas autonomías -como la de Madrid o Cataluña- a que devuelva cuando quieran o no lo hagan una retribución que pertenece a los empleados públicos".