Los tres acusados de un ataque informático para bloquear las páginas web de la Junta Electoral Central, el Congreso de los Diputados y de UGT en mayo de 2011 han negado su participación en el sabotaje, así como su vinculación al colectivo Anonymous, aunque la Policía les considera la cúpula de la organización.

La vista oral, en la que la Fiscalía solicita penas de cinco años y cuatro meses de cárcel para dos de los acusados y de cinco años para el tercero por los delitos de grupo criminal y de daños, se celebra hoy en el Juzgado de lo Penal número 3 de Gijón.

En su declaración, uno de los acusados, Rodrigo T., ha negado haber participado en el ataque cibernético y ha asegurado que "nunca jamás" alojó software ilegal en su ordenador.

Asimismo, ha sostenido que el día de los hechos de los que se les acusa estaba trabajando como marino mercante en un barco en Almería y que tenía acceso restringido a los ordenadores que allí había.

Por su parte, José María Z. ha explicado en su declaración ante la juez que "nunca" coordinó ni recibió órdenes para iniciar el bloqueo de las páginas web. El otro acusado, Yuri L., también se ha desvinculado del colectivo Anonymous y ha afirmado que su trabajo consistía en comprobar vulnerabilidades en los servicios de los sistemas informáticos pero "nunca" con el objetivo de "sabotearlos".

Los acusados han coincido en apuntar que los "nicks" (alias) utilizados en las redes en las que participaban podían ser usados por otras personas.

Anonymous está constituido por numerosos usuarios informáticos de España y de otros países que, entre otras actividades, organizaban de forma concertada ataques de Denegación de Servicio Distribuido (denominados DDoS).

Dichos ataques consisten en la saturación de un entorno informático o una página web mediante peticiones simultáneas, de forma que no tiene capacidad suficiente para responder, se colapsa y queda sin funcionamiento e inaccesible para los usuarios.