La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ampliar hasta un plazo máximo de 18 meses las investigaciones en torno al presunto amaño en las oposiciones a oficial llevadas a cabo en 2012 en la Policía Local de Palma y que llevó a la Guardia Civil, a instancias del Ministerio Público y por orden del juez José Castro, que se encontraba de guardia, a registrar en septiembre de 2013 las dependencias del cuerpo.

Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Miguel Ángel Subirán ampara su petición en "razones de evidente peso material que justifican sobradamente la complejidad" de las pesquisas, lo que "se agrava por cuanto no se han implementado medios personales y materiales en la Administración de Justicia que posibiliten el correcto cumplimiento del plazo legal".

En concreto, Subirán se refiere a los seis meses que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) establece como plazo máximo para causas simples y a los 18 fijados para la investigación de los procedimientos complejos. La declaración de complejidad debe ser solicitada por el Ministerio Fiscal en cualquier momento antes de la expiración del plazo general de los seis meses.

En el marco de estas pesquisas se encuentra imputado el exintendente jefe de la Policía Local de Palma Antoni Vera, quien negó en su día haber sido él quien filtró las preguntas de las pruebas que dieron lugar al supuesto amaño, y negó haber promocionado nunca dentro de la Policía a ningún agente adscrito a alguna ideología u organización en concreto. Vera presentó su dimisión en septiembre de 2013, tras estallar las investigaciones.

Se trata de unos hechos por los que, además, han sido encausados el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro, así como el excomisario jefe de la Policía Local, Juan Mut, por supuestos delitos de coacciones y prevaricación en su intento de obstruir las investigaciones.

En el marco de estas pesquisas fueron además aportados diversos correos electrónicos que revelarían la manipulación en la asignación de plazas y un acuerdo previo con los beneficiarios.

En virtud de ello, el juez instructor, Manuel Penalva, imputó el pasado mes de octubre a los funcionarios Celia Martínez, Bárbara Bosch y Juan García, cuyos nombres figuran en los emails. En uno de los emails, a los que tuvo acceso Europa Press, una de las trabajadoras ahora imputadas llega a exclamar ante estas actuaciones: "¡Estamos muertos! ¡De aquí a los juzgados!".

Las indagaciones derivaron posteriormente en otra línea de investigación que se encuentra bajo secreto en torno a una supuesta trama de corrupción urdida dentro de la Policía Local en forma de extorsiones a empresarios y realización de favores, principalmente en la zona de la Playa de Palma, con la connivencia de altos cargos políticos. La causa se encuentra desde hace meses bajo secreto sumarial.

Sobre estos hechos, el juez apunta a la comisión de delitos contra la salud pública, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas, uso de información privilegiada, coacciones, amenazas, extorsión y nuevos delitos de cohecho cometidos por numerosos agentes "señalados con nombres y apellidos" y cuyas conductas, afirma en varios de sus autos, "están como mínimo al borde del limite jurídico que traza el tipo penal de la sedición".

En varias de sus resoluciones, el juez detalla de forma pormenorizada las actuaciones ilegales desplegadas por los agentes investigados -hasta un total de quince se encuentran en prisión sin fianza-, a quienes se refiere como personas "sin escrúpulos" y "delincuentes indignos del uniforme que visten y que tienen por bandera la coacción, la amenaza, la extorsión y la intimidación".