El Gobierno concede el indulto parcial a María Salmerón y no tendrá que entrar en prisión

La sevillana María Salmerón rodeada por los periodistas antes de conceder una rueda de prensa.
La sevillana María Salmerón rodeada por los periodistas antes de conceder una rueda de prensa.
EFE
La sevillana María Salmerón rodeada por los periodistas antes de conceder una rueda de prensa.

El Consejo de Ministros ha valorado este viernes la petición de indulto de María Salmerón, la mujer maltratada condenada a seis meses de prisión por incumplir la custodia compartida de su hija con el padre de esta, condenado a su vez por malos tratos y ha decidido concederle, de manera parcial, el indulto.

"El Gobierno ha considerado que era conveniente proceder al indulto parcial por desobediencia sustituyendo la pena por trabajos en beneficio de la comunidad", declaró tras la reunión el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá.

"No es lógico que un maltratador esté libre y su víctima en la cárcel", declara María a 20minutos.

En declaraciones a los medios antes de imponer la Cruz de San Raimundo de Peñafort al economista Manuel Lagares, Catalá afirmó este jueves que al tratarse de "un caso de cierta relevancia social" y ante el inminente ingreso en prisión de la mujer, ordenado para este mismo viernes, cobraba "especial urgencia tomar una decisión" en el Consejo de Ministros.

"Como en todos los indultos que se solicitan ante el Gobierno, lo que hacemos es solicitar los informes y valorar si concurren las circunstancias" para el indulto, ha explicado Catalá, aunque ha reconocido desconocer si un Gobierno en funciones puede otorgarlo.

"Según la Constitución y la Ley de Gobierno, un gobierno en funciones puede hacer un trámite ordinario o de especial urgencia. Hemos pedido un informe para saber si un gobierno en funciones puede adoptar acuerdos de otorgamiento de indultos", ha añadido el ministro de Justicia.

María Salmerón, sevillana de 51, tenía que entrar este viernes a la cárcel tras ser condenada a seis meses de prisión por consentir que su hija de 12 años (ahora tiene 15) se negara a ver a su padre, condenado por malos tratos, incumpliendo el régimen de custodia compartida impuesto por el juez, pero el Gobierno finalmente ha decidido indultarla de manera parcial y sustituir su pena de cárcel por "trabajos en beneficio de la comunidad".

La mujer, que fue galardonada por el Gobierno en noviembre del año pasado por prestar su testimonio a la lucha colectiva contra el maltrato, recibió este jueves el apoyo del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que además había exigido al Gobierno en funciones el indulto otorgado este viernes.

A pesar de todo, los informes que la Fiscalía y el tribunal que condenó a María Salmerón remitieron al Ministerio de Justicia eran desfavorables a que se le concediera el indulto, según las fuentes gubernamentales consultadas. No obstante, han sido vinculantes.

Otro de los temas que han tratado en el Consejo de Ministros de este viernes ha sido la presentación de un conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional (TC) por la creación de la consejería de Exteriores de Cataluña.

Ley de Seguridad Nacional

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que la Generalitat presentó el pasado mes de diciembre contra la Ley de Seguridad Nacional, por entender que vulneraba competencias autonómicas.

Según ha informado el TC en un comunicado, el pleno de la institución ha acordado es viernes admitir el recurso y remitirlo al Congreso, el Senado y el Gobierno para darles la oportunidad de presentarse en el proceso y formular alegaciones.

Tras recibir las alegaciones de las partes, el TC resolverá si los tres artículos de la Ley de Seguridad Nacional impugnados por la Generalitat invaden competencias que corresponderían al gobierno catalán.

Los tres artículos impugnados de la ley (el 4.3, el 15c y el 24) estipulan que la presidencia del Gobierno es la única competente para el diseño de la estrategia de seguridad nacional y las normas que de ella se deriven.

El gobierno de la Generalitat, por su parte, considera que esos artículos son inconstitucionales porque dejan fuera del diseño de la estrategia de seguridad a administraciones que, como la suya, tienen competencias concurrentes en materia de seguridad pública.

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