La Audiencia Nacional ha impuesto a dos años de cárcel a cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia (NGC) y a un abogado por el cobro indebido de 14 millones de euros en prejubilaciones que deberán devolver. Los condenados, culpables de un delito de administración desleal en concurso con otro de apropiación indebida, son Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán, además del letrado Ricardo Pradas.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal también les obliga a abonar una multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros y dictamina su inhabilitación especial para el mismo puesto durante el tiempo que dure la condena.

"Estamos ante una entidad que valía 181 millones de euros y tuvo que provisionar 29,9 millones y abonar más de 24 millones como consecuencia de los nuevos contratos de alta dirección, una cantidad que en el fondo la abonó íntegramente el FROB, organismo público que posibilitó que NCG subsistiera gracias al dinero público inyectado", se apunta en la resolución judicial, que es recurrible ante el Tribunal Supremo.

La sala considera que es el FROB el verdadero perjudicado de los hechos, por lo que sostiene que los condenados deben reponer las cantidades que se embolsaron a este organismo y no a la entidad. En concreto, Pego deberá devolver más de 8,5 millones; Gorriarán, más de 5 y Rodríguez Estrada, más de 200.000 euros.

El ex director general adjunto Javier García de Paredes, que percibió 5,6 millones, queda absuelto. Anticorrupción decidió retirar sus acusaciones con tra él porque intentó devolver el 40% de su indemnización.

La Audiencia Nacional argumenta a lo largo de 188 folios que los condenados mejoraron  "intencionadamente" sus contratos ante la posibilidad "más que probable, por razonable" de que saliesen de la nueva entidad debido a la forma en las que habían dirigido sus cajas y a pesar de que eran conscientes de la mala situación de las mismas.

Todo ello fue posible con la "ayuda inestimable" de Fernández Gayoso y Pradas, que actuaron como cooperadores necesarios para que "se obviara" la legislación aplicable a la remuneración de altos directivos en entidades nacionalizadas, "ignorando deliberadamente" las limitaciones que fija.

Ambos usaron la "coartada" de la creación del nuevo banco y "ocultaron" a los órganos directivos sus nuevos contratos, "celebrados sin necesidad alguna", ya que no suponían una convalidación de los anteriores, sino que en verdad "introducían nuevas estipulaciones que suponían un mayor coste para la entidad". El Banco de España solo tuvo conocimiento de los mismos "con mucha posterioridad" de esos acuerdos.

La pena, de dos años, no implica la entrada en la cárcel. La decisión quedará en manos del juez, por lo que existe la posibilidad de que queden libres al carecer de antecedentes.