La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) se ha mostrado este miércoles en contra de la propuesta de Sanidad de crear un registro nacional de inmigrantes en situación irregular para conseguir la atención sanitaria y ha pedido al ministro Alfonso Alonso que les devuelva la tarjeta sanitaria.
La vicepresidenta de Semfyc, María Fernández, critica el argumento del ministro de que con su propuesta se busca "ultimar una solución seria y consensuada en relación a la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular" sin volver "al turismo sanitario". Fernández cree que "se escudan" en ese término —turismo sanitario—, pero niega que se hayan gastado "millones de euros" en ese "turismo sanitario".
"Estamos de acuerdo que la atención primaria es la puerta de entrada, pero sin tarjeta sanitaria no sabemos cómo se va a articular situaciones como derivar a la atención especializada", ha sostenido.
En el mismo sentido, Facua-Consumidores en Acción ha calificado como "irresponsable e insolidaria" la propuesta de Sanidad. Para la asociación, con esta propuesta el Gobierno "condiciona" el acceso a los servicios públicos de salud para este colectivo y entiende que en vez de poner en marcha este tipo de medidas, el Ejecutivo debería derogar la reforma sanitaria que hizo en 2012.
En un comunicado, recuerda que el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, se comprometió hace cinco meses a devolver los servicios sanitarios a los "sin papeles" y aseguran que "la creación de un registro nacional de inmigrantes irregulares como paso previo a la prestación sanitaria, tal y como ha explicado Alonso, es una medida xenófoba e impropia de un sistema democrático", sostiene Facua.
Criticas en bloque de la oposición
Los grupos de la oposición también han criticado en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados la "absoluta confusión" y las explicaciones "contradictorias" dentro del Gobierno y el PP sobre las medidas a tomar en relación a la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares.
Las críticas se han escuchado cuando se debatía la petición del grupo socialista para que compareciera el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en la comisión correspondiente del Congreso, una solicitud que no ha salido adelante gracias a los votos del PP, con mayoría en la Cámara.
En concreto, los socialistas pedían que Alonso diera cuenta de "los motivos por los que el Gobierno pretende medidas contra las comunidades autónomas que presten asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular".
.Se referían así a unas declaraciones del secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, quien advertió la semana pasada a las comunidades de la forma en la que algunas están devolviendo la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares porque podía tener "consecuencias catastróficas" como multas diarias millonarias por parte de la UE.
Para Jose Martínez Olmos, del PSOE, la reforma y los "sucesivos episodios en los que se da marcha atrás aparentemente" están generando "una enorme confusión" en la sociedad y los profesionales sanitarios, como también lo crea el anuncio de un registro.
"No es más que un ejemplo de una política sanitaria del Gobierno absolutamente insolvente", ha insistido Olmos, quien ha pedido al ministro que diga cuánto se ha ahorrado desde que se retiró la tarjeta sanitaria a los irregulares; por los datos que maneja supone sólo entre el 0,5 y el 1 % del presupuesto sanitario.
Los socialistas creen que la propuesta de Sanidad obedece a motivos electoralistas, igual que Aitor Esteban, del PNV, quien cree que la creación de un registro es una medida "absolutamente inadecuada y difícilmente justificable".
Rosa Díez (UPyD) ha criticado que en los últimos días haya escuchado por parte del PP y el Gobierno "tres o cuatro explicaciones" contradictorias de lo que quiere hacer el Gobierno en esta materia y ha preguntado al Ejecutivo si cree que diferenciar a este colectivo a través de un registro salvaguarda su dignidad y no les supone una discriminación.
Jose Luis Centella (IU) ha lamentado que en el siglo XXI se debata sobre si hay seres humanos con derechos distintos a otros, y ha advertido al PP que está "jugando con fuego" y se puede "encender una mecha" que se traduzca en incidentes de xenofobia.
Desde Unió y Convergencia, los diputados Antoni Pico y Carles Campuzano han calificado de "absoluto despropósito" la reforma sanitaria que "no ha servido para ahorrar".
Campuzano ha comparado al candidato popular a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Xavier Albiol, de "aprendiz del Le Pen paterno" por jugar con "los peores sentimientos que puede tener la ciudadanía, que es el rechazo al más débil". EFE
Críticas desde las autonomías
- Comunidad Valenciana - "Sanidad de segunda": "Primero el Ministerio anunció en marzo que ofrecería atención primaria a las personas migrantes en situación irregular; luego se negó a incluir la universalidad en el orden del día del Consejo Interterritorial de julio; la semana pasada amenazaron a las comunidades autónomas que habían dejado sin efecto la exclusión sanitaria con multas millonarias y ahora hablan de un registro", ha criticado Carmen Montón, consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. Para la consellera, "el derecho a recibir una atención sanitaria integral, de calidad y en condiciones de equidad es un todo que no se puede fraccionar", ha advertido de que no "transigirán" con "una sanidad de primera y otra de segunda" y ha alertado del "riesgo" que puede tener el registro como barrera que disuada a las personas en situación irregular.
- Andalucía - "Discriminatorio y disuasorio": La Junta de Andalucía, por su parte, lo ha considerarlo "discriminatorio y disuasorio". El consejero de Salud, Aquilino Alonso, asegura que este colectivo no debe estar sometido a más "discriminaciones o segregaciones" con una base de datos específica. Ha explicado que la información clínica de los inmigrantes debe ser tratada "de igual forma a la del resto de la población española". "Sólo hay una sanidad pública posible, la universal, por lo que no admite excepciones, discriminaciones o ambigüedades en los compromisos adquiridos, tal y como ha reiterado en diferentes consejos interterritoriales", ha explicado.
- Canarias - "Se criminaliza al emigrante": El Gobierno canario rechaza el proyecto porque "va por detrás de la realidad" y "criminalizaría a un colectivo ya de por sí vulnerable". El Ejecutivo canario, que conforman CC y PSOE, mantiene su propósito de devolver las tarjetas sanitarias retiradas en 2012 a los "sin papeles" pese al proyecto dado a conocer ayer por el Ministerio que, desde su punto de vista, "aumentaría las condiciones de desigualdad" entre usuarios del sistema, ha dicho el director general de Salud Pública, Ricardo Redondas (PSOE).
- Extremadura - "Una tarjeta de carácter universal": La consejería extremeña ha mostrado su rechazo al proyecto que presentará el Ministerio ya que su propuesta es la puesta en marcha de una "tarjeta universal". El objetivo es aprobar una norma para que la prestación sanitaria a los inmigrantes sin papeles "tenga realmente carácter univeral" y dotarles de una tarjeta similar a la del resto de la población extremeña.
- Cantabria - "Auténtica barbaridad": El Gobierno cántabro considera la medida de una "auténtica barbaridad". "La propuesta del registro me parece una auténtica barbaridad, nuestra oposición es total", ha dicho la consejera cántabra de Sanidad, María Luisa Real (PSOE). Real cree que en este tema "el PP va a remolque de los acontecimientos" y "un día dice una cosa y al siguiente otra". El Ministerio "no tiene que decir" a las comunidades autónomas "cómo han de ejercer sus competencias", sino que "lo que tiene que hacer es derogar las medidas de exclusión sanitaria".
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