La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado el proyecto de la ley de seguridad nacional, con el apoyo del PP, PSOE y UPyD, mientras que ERC y Amaiur han apuntado que la misma pretende frenar el proceso catalán, y CiU y PNV han considerado que la ley pone en entredicho el Estado autonómico.

El diputado de ERC Joan Tardá ha señalado que la Ley de Seguridad Nacional, que pasará ahora al Senado, viene a "incrementar todo el aparato legislativo del que dispondrá el Ejecutivo para abortar el proceso democrático que se ha abierto en Cataluña y que culminará el 27S".

Tardá, que ha acusado al Gobierno de "ir poniendo aceite lubricando la maquinaria represiva", ha dicho que con esta ley "se recuerda que existen escenarios que pueden hipotecar el proceso democrático catalán mediante estados de alarma, de excepción y de sitio", llegando a hablar incluso de la "suspensión de la autonomía"

En esta misma línea, el diputado de Amaiur, Rafael Larreina, ha destacado la concepción "muy antigua" de esta ley" que es más propia del siglo XIX y ha destacado que "el peligro de la seguridad del Estado nunca está en el ejercicio de la democracia" sino en la "corrupción".

El diputado de la Izquierda Plural Joan Josep Nuet ha mostrado el rechazo de su grupo al proyecto acusando al Gobierno de utilizar el "discurso del miedo" al relacionar el concepto de seguridad "sólo con riesgos y amenazas en vez de priorizar en vínculos sociales", y ha asegurado que "en este momento la mayor amenaza para el país se llama PP y especialmente si actúa bajo una mayoría absoluta".

El consejero de Interior catalán, Jordi Jané, ha advertido de que la Ley de Seguridad Nacional invade competencias de la Generalitat en materias como protección civil, por lo que si no se modifica en el Senado, el Govern interpondrá un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, no cree que la nueva ley "afecte a derechos fundamentales" ni que, por tanto, pueda servir para frenar el proceso soberanista, puesto que el Consejo de Estado ha descartado esta interpretación.

Según el conseller de Interior, a la Generalitat le gustaría que "en los temas referidos a protección civil se respete el ámbito competencial existente, y que además, si se crea algún tipo de mesa para decidir medidas de emergencia a adoptar, en ella estén representadas las comunidades autónomas que disponen de competencias a fin de decir qué efectivos hay que activar".