El Gobierno ha dado este viernes luz verde al anteproyecto de ley orgánica de Seguridad Nacional para mejorar la respuesta ante nuevos riesgos y amenazas, y que según el Gobierno "en ningún caso incluye la adopción de medidas que comporten la suspensión de ningún derecho fundamental ni de ninguna libertad pública".
Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado este anteproyecto y que se remitirá al Consejo de Estado.
La nueva ley persigue potenciar las capacidades del Estado para responder a desafíos y amenazas y define competencias en materias como la ciberseguridad, seguridad marítima y seguridad financiera, así como el medio ambiente, la energía, los transportes y las telecomunicaciones.
El texto del anteproyecto de ley orgánica de Seguridad Nacional se ha ido preparando en las diversas reuniones mantenidas por los miembros del Consejo de Seguridad y es consecuencia del desarrollo de la Estrategia Nacional de Seguridad aprobada por el Gobierno en mayo de 2013. Una estrategia que fue consensuada con el PSOE y que prevé una docena de riesgos y amenazas, entre ellas el terrorismo.
Lucha contra la "radicalización"
Fuentes del Gobierno subrayan que la iniciativa es independiente del futuro plan nacional de lucha contra la radicalización violenta en el marco de las acciones que se están llevando a cabo contra el terrorismo yihadista.
Este otro plan, según ha explicó el jueves el titular de Interior, Jorge Fernández, se aprobará en un próximo Consejo de Ministros. El Gobierno sí aprobará también la cartera común de servicios del sistema nacional de empleo.
Principales puntos de la ley
- Como punto principal, el Estado podrá movilizar recursos públicos y privados para hacer frente a situaciones de crisis que pongan en riesgo la seguridad nacional. En el anteproyectono se concreta cómo se produciría la incautación temporal de bienes privados, que deja para un desarrollo legal y reglamentario posterior, pero establece que la misma debe basarse en los principios de gradualidad, proporcionalidad a la gravedad de la crisis e indemnización por los perjuicios causados a particulares.
- La medida también incluye la posibilidad de que que los cuerpos de policía locales y autonómicos se pongan a las órdenes del Gobierno Español.
- Para aplicar estas medidas serán necesaria la declaración del estado de crisis, que se adopatará cuando el Estado se enfrente una crisis que no pueda abordarse con los medios ordinarios de la Administración. La gran diferencia con la Ley de Alarma, Excepción y Sitio, aprobada en 1981, es que esta se aplica en situaciones más granves, con el intento de golpe del 23-F.
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