Hasta el Parlamento Europeo nos da un toque de atención: ayer aprobó una resolución contra la masificación en la costa mediterránea. Un total de 132 alcaldes, ediles, empresarios y abogados están imputados en delitos relacionados con la corrupción urbanística en la provincia desde 2005.
Los casos
Marbella: 106 personas están imputadas en el marco de la operación Malaya, iniciada en 2006. Son el 80% de todos los imputados. Siguen en prisión el ex asesor de Urbanismo Municipal Juan Antonio Roca y el ex alcalde Julián Muñoz (ex GIL).
Alhaurín el Grande: El caso Alhaurín u operación Troya ha dejado como imputados al regidor, Juan Martín Serón (PP); al concejal de Urbanismo, Juan Guerra, y a 19 empresarios (la mayoría de ellos de la localidad). A éstos se les imputa cohecho y prevaricación urbanística.El juez de Coín que investiga este caso dictó ayer orden de libertad bajo fianza de 20.000 euros para dos de los cinco detenidos que declararon ayer. El resto ha quedado en libertad con cargos. De los 19 empresarios, diez pagaron fianzas de 20.000 y 50.000 euros, mientas que nueve han quedado en libertad con cargos.
Manilva: La operación Ballena Blanca (2005), contra el blanqueo de capitales y relacionados con recalificaciones, tiene como imputados al alcalde, Pedro Tirado (ex GIL), y a su cuñado.
Alhaurín de la Torre: En 2005, el regidor, Joaquín Villanova (PP), fue acusado de prevaricación al permitir supuestamente la actividad de cuatro canteras sin licencia.
Tolox: El alcalde, Juan Vera (PA), supuestamente autorizó 2.000 viviendas en suelo no urbanizable.
Viñuela: El alcalde, Juan Millán (PSOE), está imputado por dar 25 licencias en suelo no urbanizable.
¿Qué es un imputado?
Es la persona contra quien se dirige un proceso penal. El juez que investiga el caso decide si hay suficientes pruebas como para atribuir a ese individuo –en principio– un delito. Si encuentra dichos indicios o pruebas, imputa a esa persona, aunque será posteriormente cuando otro tribunal le juzgue y pueda defenderse. Un imputado no es un acusado, aunque este último término suele emplearse como sinónimo. Por ejemplo, un fiscal –que representa al Estado en los juicios– puede acusar a alguien de algo, al igual que un abogado, pero sólo el juez imputa. Por ello, la imputación es un paso más que una acusación.


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