Los Mossos d'Esquadra han denunciado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que la Policía Nacional presuntamente alertó a los integrantes de la célula yihadista, desarticulada en abril, de que estaban siendo investigados. Es la primera denuncia entre cuerpos policiales relacionada con la lucha antiterrorista y supone un capítulo más en las desavenencias entre Mossos y CNP.

"Llevábamos a cabo un seguimiento nada invasivo de la célula pero sabían que los investigábamos. Sabemos que fue la Policía Nacional", ha confirmado a 20minutos.es un portavoz de los Mossos, aunque ha declinado ofrecer más detalles. A raíz del supuesto chivatazo "puso en riesgo" la operación, pues la célula paró su actividad durante un tiempo, "realizó contravigilancia" y después la retomó.

Así lo recogieron en sus diligencias y lo pusieron en conocimiento tanto de la fiscalía de la Audiencia de Barcelona como del juez instructor. Pedraz llegó a imputar a varios agentes de la Policía por "un presunto delito de revelación de secretos y encubrimiento y colaboración terrorista" pero finalmente archivó la causa.

Según el auto de archivo de apenas un folio, el magistrado abrió una pieza separada (Diligencias previas 68/2014-2015) para tratar de averiguar este presunto soplo y llegó a tomar declaración a testigos e imputados. Tras realizar las diligencias oportunas, el magistrado archivó la causa el 17 de febrero, es decir, un mes y medio antes de que se llevaran a cabo las detenciones pues no quedó "debidamente acreditada" la perpetración del delito.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó este jueves de forma tajante que la política antiterrorista "no se puede dejar en manos de los que no tienen el más mínimo sentido del Estado". "Prefiero no hacer calificaciones de lo que me merece eso, que ya conocía y que no tiene ningún recorrido judicial ni fundamento", subrayó el ministro, quien dijo prefirir quedarse ahí por "prudencia".

Su homólogo catalán, Ramon Espadaler, ha comparecido en un tono más conciliador y ha asegurado que "no se trata de un enfrentamiento entre cuerpos policiales sino una actuación presuntamente delictiva respecto una operación" de los Mossos, unos "hechos muy graves  por todo lo que podían haber conllevado", ha agregado en alusión a la intención de atentar que tenía el grupo.

Espadaler ha concretado que los Mossos llevaban meses realizando un seguimiento nada invasivo pero alguien advirtió a los presuntos yihadistas y la célula "actuó en consecuencia de acuerdo con esta advertencia" adoptando medidas de contraespionaje. El soplo "puso en riesgo una operación muy compleja", agregó.

A su juicio, el presunto chivatazo precipitó que tres vecinos de Terrassa y Monistrol de Montserrat, dos de ellos de nacionalidad marroquí y uno brasileña —por lo que se convirtió al islam—, viajaran a Turquía para incorporarse al Estado Islámico en Siria, aunque finalmente pudieron ser detenidos en Bulgaria en diciembre. Cuatro meses después, los Mossos pudieron desarticular totalmente la célula yihadista.

La operación Caronte se saldó con once detenciones y 16 registros, principalmente en Sabadell, pero también en Terrassa y Sant Quirze del Vallès (Barcelona), en la capital catalana y en Valls (Tarragona). La célula no solo se dedicaba a captar y radicalizar jóvenes y enviar algunos de ellos a Siria e Irak, sino que también tenía la "voluntad contrastada" de atentar en Cataluña y no se trataba de "amenaza genérica", según informó el conseller de Interior, Ramon Espadaler.

Además, cinco de los once detenidos eran españoles, de los que cuatro se habían convertido al Islam —igual que otro de los detenidos, de nacionalidad paraguaya—. El quinto español, quien presuntamente les facilitaba las armas, está vinculado a la ultraderecha. Tanto él como el líder de la célula, un converso español, querían atentar contra una librería judía de Barcelona.

A raíz de esta operación, el comisario jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, denunció que la Policía no comparte con el cuerpo policial catalán la "información" que envían los servicios de inteligencia extranjeros y que afecta a la seguridad de Cataluña. "El Estado hace una lectura de que todo lo que huele a internacional es de su competencia", se quejó y añadió que esta decisión "dificulta" el trabajo operativo de los Mossos no sólo en la lucha antiyihadista sino también en otros ámbitos, como el crimen organizado o el blanqueo de capitales.

El comisario ha agregado que la Policía se ampara en una ley "del año 86", años previos al despliegue de competencias actual. Por eso reclama "reformas legislativas", así como la Junta de Seguridad —que no se convoca desde 2009— entre los gobiernos catalán y español para mejorar el funcionamiento de los Mossos.