La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha firmado este lunes el decreto por el que otorga a la Fiscalía Anticorrupción la competencia para seguir investigando al exvicepresidente del gobierno Rodrigo Rato por fraude, blanqueo y alzamiento de bienes.

Fuentes fiscales han informado de la decisión y de que Madrigal sigue los criterios establecidos en la circular 4/2006, y supone que Anticorrupción se quedará con la investigación que llevaba hasta ahora la Fiscalía de Madrid y que recayó en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid.

La Fiscalía Especial pidió el pasado viernes la competencia para asumir esta investigación, iniciada a raíz de una denuncia suya por cinco delitos cometidos contra la Agencia Tributaria, por entender que existe una "conexión" entre estos hechos y otros que ya investiga en relación con el exministro de Economía.

Anticorrupción investigará a Rato ante "la especial trascendencia social, mediática y jurídica de los hechos" que se le atribuyen. El vicepresidente se encuentra ya imputado en la Audiencia Nacional por el caso Bankia y la pieza de las tarjetas b, causas de las que, según el decreto, "pueden derivarse responsabilidades pecuniarias que presuntamente dicho imputado habría intentado eludir".

Se refiere así a la fianza de 800 millones que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu impuso de manera solidaria el pasado 13 de febrero a BFA-Bankia, Rato y los exconsejeros Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella, y que el grupo terminó abonando en solitario.

De hecho, el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, en el que recayó inicialmente la denuncia de la Fiscalía de Madrid, acaba de inhibirse a favor del juez Andreu, que ahora deberá decidir si es de su competencia.

El decreto, de tres folios, relata que Anticorrupción pidió el pasado 17 de abril la atribución de la competencia para hacerse con el caso, denunciado un día por la Fiscalía de Madrid, que atribuía a Rato cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes, presuntamente cometido para evitar el pago de sus responsabilidades en el "caso Bankia".

Adelanta también el decreto que "la investigación de las conductas típicas se prevé de particular complejidad, a la vista de la estructura del entramado societario y jurídico que conforma el grupo de sociedades presuntamente controlado por Rodrigo Rato", lo que aconseja atribuir la competencia a la Fiscalía Anticorrupcion.

La Fiscalía General añade en su decreto que el análisis jurídico penal realizado por los fiscales pertenecientes a Anticorrupción se verá complementado por la actuación de las Unidades de Apoyo de las que está dotada esta Fiscalía especial, un criterio general de determinación de la especial trascendencia que establece la Instrucción de 2006.

Fue precisamente en el curso de un interrogatorio por el asunto de las tarjetas B cuando el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, encargado del caso, sorprendió al juez y a los abogados del resto de partes personadas preguntando  al expresidente de Bankia por una transferencia de  más de 6.199.308 euros que el banco de inversiones Lazard le realizó en el año 2011.

A resultas de su respuesta, el juez del caso Bankia,  Fernando Andreu solicitó a Lazard toda la información de la que dispusiera sobre esta tranferencia y, además de otras diligencias, solicitó a la Agencia Tributaria si Rato declaró en el año 2012 el ingreso.