Emili Cuatrecasas, socio principal del bufete de abogados que lleva su nombre, ha aceptado una condena de dos años de cárcel y una multa de 1,5 millones, tras devolver 4,1 millones a Hacienda, a la que defraudó deduciéndose gastos personales mediante un entramado de "negocios simulados".

Tras años de investigación, llevada a cabo por el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, el experto en asesoría fiscal ha alcanzado un acuerdo de conformidad con el ministerio público por el que reconoce ocho delitos contra la Hacienda Pública y acepta una condena de tres meses de cárcel por cada uno de ellos y una multa de 1,5 millones de euros.

En el pacto de conformidad, firmado este miércoles con la Fiscalía de Delitos Económicos y que deberá ser ratificado ante el juez, Cuatrecasas reconoce haber defraudado tres millones de euros en los impuestos de IVA (827.588 euros), Sociedades (312.887), IRPF (775.492 euros) y Patrimonio (1,1 millones), entre los ejercicios fiscales de 2006 a 2008.

El escrito pactado mantiene que Cuatrecasas "creó una sucesión de negocios simulados" con los que deducía como gastos empresariales el coste de su propia vivienda, que él mismo se arrendaba, otras tres residencias, un barco de recreo y dos amarres —valorados en seis millones de euros—, mobiliario, varios vehículos y otros "propios del consumo personal y familiar". Con este entramado, Cuatrecasas logró deducir gastos personales en la contabilidad de sus empresas, "con el correspondiente ahorro fiscal y en perjuicio de la Hacienda Pública".

El acuerdo de conformidad remarca que los alquileres de bienes de uso particular con los que Cuatrecasas defraudó a Hacienda incluían "los gastos por la adquisición de mobiliario, electrodomésticos, decoración, consumos y mantenimiento en general, incluyendo el personal de servicio y la tripulación de la embarcación".

El escrito pactado con la Fiscalía detalla que, a través de su sociedad EMESA, Cuatrecasas llevaba a cabo "una genuina actividad económica", ya que era dueña de diferentes inmuebles que explotaba en régimen de arrendamiento a terceras personas.  No obstante, el acusado "utilizó la sociedad para incluir en su activo bienes de uso y disfrute exclusivamente personal y familiar", mantiene al acuerdo.

El escrito acordado sostiene que, aunque la Agencia Tributaria conocía los contratos ya que su existencia no se había ocultado a Hacienda, Emili Cuatrecasas constituyó mediante su entramado empresarial "una apariencia jurídica cuya única finalidad resultaba la indebida disminución de la carga fiscal que correspondía al acusado".

La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona presentó en 2011 una querella por fraude fiscal contra Emili Cuatrecasas, que inicialmente fue archivada por el juzgado de instrucción, aunque la Audiencia de Barcelona reabrió el caso en septiembre de 2013, al entender que su entramado societario era simulado y sólo perseguía obtener beneficios fiscales.

El acuerdo entre la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Generalitat —que recauda el impuesto de patrimonio— y Cuatrecasas se ha firmado tres semanas después de que el acusado regularizara su situación tributaria y devolviera a Hacienda los tres millones defraudados más 1,1 correspondiente a los intereses.