Las actuaciones de lucha contra el fraude en el empleo puestas en marcha por el Gobierno entre 2012 y 2014 han permitido aflorar 252.822 empleos en estos años, según ha expuesto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Además, como resultado de estas labores se han anulado 103.238 altas en la Seguridad Social ficticias o contratos de trabajo falsos en empresas ficticias, aquellas sin actividad creadas con el objeto de facilitar el acceso a prestaciones. Durante igual periodo de tiempo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha transformado también 115.747 contratos temporales en indefinidos.

Asimismo, el conjunto de actuaciones desplegadas en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en los años 2012-2014 han tenido un impacto económico global estimado en 11.343 millones de euros.

En abril de 2012, el Gobierno aprobó un Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que desplegaba una estrategia integral de actuación en la lucha contra el fraude, con medidas normativas, institucionales, de gestión y de prevención y sensibilización.

Así, se dotó a la Administración Pública y a la Justicia de nuevos medios legales, con modificaciones normativas tanto en materia administrativa como penal. En concreto, se ha modificado el Código Penal, agravándose las sanciones por fraude a la Seguridad Social y los delitos contra los derechos de los trabajadores.

También se reforzó la coordinación y colaboración entre organismos y administraciones. Junto a la creación de una Unidad Especial de apoyo y colaboración de la Inspección de Trabajo con Juzgados, Tribunales y Fiscalía General del Estado, se han formado convenios de colaboración con organismos estatales, como la Agencia Tributaria o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con las comunidades autónomas y entidades como los notarios y los registradores de la propiedad.

Por último, entre 2012 y 2015 se habrán incorporado 201 nuevos funcionarios a la Inspección de Trabajo, entre inspectores y subinspectores; 80 más están en proceso de selección y se sumarán en 2016; y la Oferta de Empleo Público para 2015 incluye una tasa de reposición de hasta el 50% de los efectivos inspectores.

El Gobierno ha analizado este viernes en Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo, Seguridad Social y Salud Laboral, con el fin de intensificar la coordinación en la lucha contra el fraude y el empleo irregular.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció la reforma de la Inspección de Trabajo, que será un organismo autónomo, que se constituye como el "cerebro" de la programación y la planificación de la actividad inspectora.

Aunque estará adscrito al Ministerio de Empleo, también prestará servicios a la administración central del Estado y a las Comunidades Autónomas. Además, "dentro del organismo se crea la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude laboral", para perseguir las irregularidades a la Seguridad Social.

Según datos aportados por Empleo, el pasado año se registraron 102.183 denuncias por fraude, la mayoría de ellas (más de 37.000) por trabajo no declarado a la Seguridad Social y 31.700 por abuso laboral, por lo que esta nueva entidad permitirá pasar a un modelo de inspección "perdurable, fuerte y moderno" que propicie la cohesión territorial. También habrá "una nueva escala de funcionarios para combatir la inseguridad en el trabajo y luchar contra la siniestralidad laboral", anunció la vicepresidenta.