Amnistía Internacional ha acusado a España de desoír las recomendaciones internacionales y desmarcarse de la tendencia de la mayoría de los países de la Unión Europea en relación con el acceso al aborto legal de las adolescentes.

La ONG ha hecho público un comunicado, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que dice haber acogido con "preocupación" el intento del PP de "limitar la autonomía y el acceso a un aborto legal y seguro de las adolescentes de 16 y 17 años y de las mujeres y adolescentes con discapacidad".

"La mayoría de edad sanitaria en España es de 16 años. A partir de esa edad cualquier persona puede decidir sobre una operación de vida o muerte, pero de aprobarse esta reforma, paradójicamente, las adolescentes no podrán acceder por sí mismas a un aborto legal y seguro", denuncia.

Según Amnistía Internacional, el establecer esta diferenciación, que "no está basada en criterios médicos", puede constituir un elemento de "discriminación" para las menores que quieran interrumpir su embarazo.

La organización ha lanzado a través de su plataforma www.actuaconamnistia.org una petición al Gobierno y al PP para que no lleven adelante dicha reforma legislativa.

También pide al resto de grupos parlamentarios que la rechacen, y a todos ellos que atiendan y respeten las recomendaciones de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres y las niñas, y presten especial atención a las adolescentes en situaciones de especial vulnerabilidad.

También con motivo del 8 de marzo, Médicos del Mundo ha reivindicado el derecho a la salud, y ha denunciado el impacto negativo que la reforma sanitaria tiene, desde hace tres años, en la salud de los colectivos más vulnerables, en concreto, de las mujeres y las menores.

Médicos del Mundo se suma al lema de Naciones Unidas Empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad. ¡Imagínalo! que conmemora el 20 aniversario de la Conferencia de Beijing, donde se estableció la agenda para la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

En una nota de prensa, recuerda que en abril de 2012, el Gobierno español aprobó el Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Y "al menos 873.000 personas perdieron el derecho a una asistencia sanitaria que financian con sus impuestos", asevera esta organización.

Durante el tiempo transcurrido desde la aplicación de la citada norma, no se ha hecho público ningún análisis sobre el efecto disuasorio de la reforma sanitaria en personas inmigrantes en situación administrativa irregular, ni sobre cómo ha afectado a la identificación de las mujeres víctimas de violencia de género y de trata, añade.

Además, dice que todavía existe un alto porcentaje de personas que, pese a estar amparadas por el Real Decreto Ley, "en la práctica están sufriendo la exclusión sanitaria".

Ponen como ejemplo los numerosos casos de personas a quienes se les obliga a firmar un compromiso de pago previo a la atención de urgencias; mujeres embarazadas a quienes se les niega el acceso al seguimiento del embarazo, el postparto o al aborto; menores de edad a quienes se rechaza el acceso a la atención médica o personas con permiso de residencia por reagrupación a quienes se les niega la tramitación de la Tarjeta Sanitaria.

Médicos del Mundo denuncia también que el hecho de haber dejado a estas personas fuera del sistema "hace casi imposible la detección de casos de violencia de género e imposibilita la adecuada asistencia en casos de violencia sexual".

La organización recuerda que en el supuesto de los casos de las víctimas de trata de seres humanos se limita el acceso a quienes se les otorga el periodo de restablecimiento y reflexión, mientras que a la mayoría no se les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria.

Recuerda también que las mujeres son el colectivo más afectado por la desigualdad económica, "por lo que los recortes en políticas sociales tienen un impacto especialmente negativo sobre su salud".