Más de un centenar de personas se han dado cita este domingo al mediodía en el número 29 de la calle Ofelia Nieto para reconstruir la vivienda expropiada y derruida el pasado viernes y en la que vivían tres familias.

Gracias a una convocatoria a través de las redes sociales, los participantes han acudido con sacos de cemento, ladrillos, guantes y otros utensilios para llevar a cabo la obra. Para ello, han comenzado con las labores de desescombro y formando un muro de ladrillo en el mismo lugar donde estaba situada la pared exterior del edificio.

La construcción se desarrolla sin incidentes, aunque los asistentes han cortado el tráfico en la calle Ofelia Nieto hacia las 13.15 horas. Además, han proferido algunos gritos contra la Policía a la llegada de los agentes, y cantan "No nos moverán". Cuatro Unidades de Intervención Policial (UIP) y dos coches de la Policía Municipal se encuentra vigilando la situación.

Uuna de las desalojadas, María Luisa Gracia, ha asegurado que "se están diciendo muchas calumnias" sobre la expropiación y derrumbe de la vivienda, como el hecho de que fuera una "infravivienda", "que es mentira, porque estaba dotada de todo".

Sobre el desalojo del viernes, en el que fueron detenidas once personas que ya han sido puestas en libertad con cargos, y algunas de las cuales fueron acusadas por la Policía de arrojarles gasolina, Gracia ha asegurado que es falso, y que por el contrario son ellos quienes "han hecho un atentado de homicidio contra tres familias, y muchas más personas que podían haber muerto el viernes".

Además, Gracia ha asegurado que aún tienen "un montón de pleitos abiertos que todavía no están resueltos", y que reflexionarán sobre lo sucedido estos últimos días para tomar "las medidas oportunas".

Hasta el solar se han acercado el dueño de la casa derruida, Francisco Gracia Fernández, y dos de sus hijas, quienes han agradecido el gesto de los vecinos y sus constantes muestras de apoyo ante lo que consideran una "traición" y un acto "despreciable" del Ayuntamiento.

"El que ha puesto el 'sobre' encima de la mesa ha dicho: quítamelos de en medio como sea, y lo han hecho a traición, porque saben que de otra manera no lo podían hacer", ha denunciado María Luisa Gracia, una de las hijas, quien ha recalcado que el propietario del solar es su padre.

María Luisa ha hablado de "delito" y ha dicho que la familia no parará hasta que sus responsables paguen por lo ocurrido el viernes, cuando "se atrevieron a derribar" la casa con sus padres, dos sobrinos y diez personas más dentro, según ha asegurado.

"¿Y si hubieran tocado un muro de carga?", ha preguntado y ha añadido: "Estamos en la calle, pero podríamos haber estado en la Almudena".

Ángeles, la otra hija, ha negado que en el desalojo se regara a los agentes con gasolina. "Era mi madre, de casi 80 años, con una manguera de agua", ha dicho.

Ha rechazado también que fuera una "infravivienda" y que fueran "okupas", porque su padre posee las escrituras de la casa desde los años 60, "todo pagado, fuera de cargas, sin ninguna deuda".

La familia ha negado además que se les notificara previamente el derribo y, aunque ha señalado que recibieron una llamada anónima a las nueve de la noche del jueves advirtiéndoles, no creyeron que fuera posible, porque no se les había comunicado oficialmente.

Un informe de la Dirección General de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, destaca que la actuación de la Administración "persigue únicamente el interés público que justifica esta expropiación, que es la ejecución del planeamiento aprobado, considerándose que fijado el justiprecio y consignado y ofrecido el realojo correspondiente, no puede justificarse la exclusión de la expropiación de la finca".

La solicitud de exclusión total o parcial de la finca de la expropiación ha sido desestimada en vía administrativa y judicial. Desde el Ayuntamiento apuntan que supondría tanto "la imposibilidad de la ejecución de la urbanización prevista, como el enriquecimiento injusto" de los titulares que, sin contribuir a los costes de urbanización, verían aumentada la edificabilidad de su parcela de 487,82 a 1.625 metros cuadrados.

El justiprecio de expropiación ha sido fijado en 399.123,69 euros frente a los casi 900.000 euros que pretenden los interesados. Esa primera cantidad, "cuyo cobro rehusaron los titulares el 14 de noviembre de 2015", está consignada a su disposición.

Por parte de los servicios de la EMVS se han mantenido reuniones para ofrecer a los afectados viviendas para el realojo y se ha solicitado la documentación necesaria, que "nunca han aportado". También se ha citado a los afectados desde Servicios Sociales "sin que comparecieran", añaden las mismas fuentes.