La Policía Municipal madrileña ha detenido este viernes a once personas que han intentado evitar el desalojo de una vivienda en el número 29 de la calle Ofelia Nieto, situada en el barrio de Tetuán. Entre los detenidos se encuentran el periodista gráfico Jaime Alekos y un activista del Sindicato de Estudiantes. De esos once detenidos, 5 han sido puestos en libertad y otros 6 han pasado a disposición judicial.

Según el Ayuntamiento, los agentes han accedido a las 07.15 horas al edificio, en el que se encontraban diez personas adultas, en virtud de un auto judicial en el que se pide el desalojo de este edificio para proceder a su derribo. En los alrededores de la vivienda se habían juntado una treintena de personas para impedir el desalojo. La familia que vive en la casa ya había sufrido otro intento de desahucio similar en 2013, que al final fue paralizado gracias a la movilización ciudadana.

Las siete primeras detenciones se han producido a primera hora de la mañana después de que, según fuentes municipales, arrojasen gasolina a la Policía durante el desalojo de la vivienda. Sin embargo, vecinos y activistas han asegurado a través de las redes sociales que no se trataba de gasolina sino de agua.

A media mañana se han producido cuatro detenciones más tras una refriega con la Policía después de que activistas y vecinos se encaramaran a la grúa que finalmente ha tirado abajo la vivienda.

El Samur, por su parte, ha atendido a tres personas en el lugar de los hechos. Se trata de dos policías, con contusiones leves, y un manifestante, contusionado muy leve. Ninguno de los tres ha necesitado ser trasladado a un centro hospitalario.

Antes del desalojo, la Policía Municipal tuvo que cortar los accesos a la calle Ofelia Nieto desde las calles Francos Rodríguez y Villamil.

Esta vivienda de la calle Ofelia Nieto, según la información suministrada por el Ayuntamiento, era la única que quedaba sin desalojar dentro del "ámbito de planeamiento del distrito de Tetuán", una extensión de 17.450 metros cuadrados objeto de una "actuación integrada" que ha afectado a 19 fincas y a 30 titulares de bienes y derechos, y que ha supuesto el realojo de quince familias. La casa de Ofelia Nieto se interponía en la ampliación de una acera con la que hacía esquina.

En esta operación urbana, dice Urbanismo, se han obtenido mediante la expropiación 2.200 metros cuadrados de suelo destinado a equipamiento, 2.565 destinado a zonas verdes y 3.575 destinado a nuevo viario, además de 10.375 metros cuadrados en parcelas de uso residencial.

Una de las propietarias de la vivienda, Ángeles Gracia, ha asegurado a 20minutos que los agentes llegaron a la vivienda "sin previo aviso" y "sin ninguna notificación u orden de entrada" y que "arrancaron de cuajo" la puerta con la ayuda de una excavadora: "Han entrado como auténticas bestias. Nos han robado la vivienda", ha manifestado la mujer tras el derribo de su casa: "Tenemos todas nuestras pertenencias en la calle y todavía no sabemos qué vamos a hacer ni donde alojarnos, como no durmamos entre los escombros", ha dicho.

La propietaria de la vivienda ha afirmado que hace dos días la familia había presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un recurso de nulidad por "irregularidades" en el proceso de expropiación de la vivienda.

Los propietarios de la vivienda había denunciado repetidamente el pretexto "ridículo" para derribar la casa, pues -en su opinión-, se trata sólo de 6 metros cuadrados que se interponen en la ampliación de una acera en la calle Sánchez Preciados, con la que hace esquina la vivienda en el número 29 de la calle Ofelia Nieto.

Sin embargo, dice el Ayuntamiento, la demolición "no se realiza únicamente para la urbanización de 6 metros de acera sino que permitirá el remate de esta actuación urbanística".

El objetivo del Plan General en esta zona, dice el Consistorio, es reordenar el ámbito como residencial apoyándose en las calles de Ofelia Nieto y Sánchez Preciado, con la remodelación del enclave de vivienda marginal existente, la apertura de viarios locales que darán conexión con las zonas limítrofes y la obtención de espacios libres y equipamientos de los que carecía".

El Consistorio asegura, además, que lo único que persigue es el "interés público" en la expropiación de Ofelia Nieto para "ejecutar el planeamiento aprobado", y afirma que si no se expropiase se imposibilitaría la urbanización prevista y se produciría un "enriquecimiento injusto" de los titulares. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 28 de Madrid dispuso en un auto, fechado el pasado 18 de febrero, la autorización de la entrada en el inmueble, que debía realizarse en un plazo de 20 días siguientes a la notificación, en días laborables de lunes a viernes y en horas diurnas.

La familia propietaria del inmuebe asegura, sin embargo, que en ningún momento se les notificó la autorización, ni a ellos ni a sus representantes, por que lo que consideran "ilegal" el desalojo. "No han echado de la casa para favorecer los intereses corruptos del Ayuntamiento", ha afirmado Angelines a este periódico.

El informe municipal destaca que la actuación de la Administración "persigue únicamente el interés público que justifica esta expropiación, que es la ejecución del planeamiento aprobado,  considerándose que fijado el justiprecio y consignado y ofrecido el realojo correspondiente, no puede justificarse la exclusión de la expropiación de la finca".

La solicitud de exclusión total o parcial de la finca de la expropiación ha sido desestimada en vía administrativa y judicial. Desde el Ayuntamiento apuntan que supondría tanto "la imposibilidad de la ejecución de la urbanización prevista, como el enriquecimiento injusto" de los titulares que, sin contribuir a los costes de urbanización, verían aumentada la edificabilidad de su parcela de 487,82 a 1.625 metros cuadrados.

El justiprecio de expropiación ha sido fijado en 399.123,69 euros frente a los casi 900.000 euros que pretenden los interesados. Esa primera cantidad, "cuyo cobro rehusaron los titulares el 14 de noviembre de 2015", está consignada a su disposición.

Por parte de los servicios de la EMVS se han mantenido reuniones para ofrecer a los afectados viviendas para el realojo y se ha solicitado la documentación necesaria, que "nunca han aportado". También se ha citado a los afectados desde Servicios Sociales "sin que comparecieran", añaden las mismas fuentes.

El desalojo ha ocasionado un gran revuelo en las redes sociales, donde testigos de los hechos han estado contando lo ocurrido desde primera hora de la mañana.

El nuevo solar, ya despejado, podría albergar un edificio de viviendas, según admitieron en agosto de 2013 fuentes municipales, fecha del último intento de derribo, que sí fue avisado a los familiares, que llevan habitando el edificio desde 1956.