El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha acusado este jueves al Estado de ofrecer una democracia "de baja calidad" a sus ciudadanos y ha tachado la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el 9-N de muy restrictiva y alejada del pacto constitucional de 1978.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa en la Generalitat después de que el TC declarara inconstitucionales dos preceptos de la Ley de consultas populares no referendarias aprobada por el Parlament en septiembre, e inconstitucional y nulo de pleno derecho el acuerdo de convocatoria del 9-N.

"Para impedir según qué debates como el soberanista, que no podrán impedir, están dispuestos a cargarse la misma esencia de la democracia", según Homs. A su juicio, la sentencia niega implícitamente legitimidad democrática y representativa a las instituciones catalanes para preguntar sobre cuestiones de su competencia, hasta el punto de hacer "impracticable" esta posibilidad.

También ha lamentado que el fallo del TC defienda que ya se garantiza muy ampliamente la participación democrática permitiendo votar cada cuatro años y que otras maneras de hacerla efectiva deben tener un carácter extraordinario: "Hace una lectura muy restrictiva, muy propia de la perspectiva de hace 40 años".

El también consejero de Presidencia ha constatado una "incomprensible alienación" del Alto Tribunal con los intereses del Gobierno central, lo que va en contra de su independencia y neutralidad, además de reprochar que sus magistrados se reúnan de forma extraordinaria para abordar el 9-N pero no para el decreto de pobreza energética.

Para Homs, que el marco constitucional y político español no permita saber la opinión de los ciudadanos significa que el Estado ofrece "una democracia de baja calidad, y esto es incompatible con las exigencias y necesidades de una sociedad madura" y con los preceptos de la UE.

"La expresión democrática en el Estado no encuentra ni diálogo ni recorrido político", ha sostenido el portavoz del Govern, ante lo cual "el pueblo de Cataluña se ve en la necesidad de abrir caminos alternativos y no quedarse con los brazos cruzados".

Tras descartar recurrir el fallo al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ha señalado que ahora toca seguir la vía política con la convocatoria de las elecciones del 27-S, como reivindicó el jueves el presidente de la Generalitat, entre otras acciones.

Así, Homs ha explicado que pidió hace un mes al Consell Assessor per la Transició Nacional (CATN) un informe de balance para identificar hasta qué punto las instituciones y sociedad catalana ha seguido todos los pasos que tenía a su alcance para ejercer el derecho a decidir, analizar la calidad democrática del Estado y contrastar la conveniencia del 27-S.

Este informe, que está previsto acabar en pocos días, se enviará al conjunto de instituciones europeas y a la comunidad internacional para que se sepa "el nivel de calidad democrática" que se puede ejercer en España y para hacer pedagogía y explicación de lo que reivindican los catalanes.

Sobre la reunión del Pacte Nacional pel Dret a Decidir del viernes 6 de marzo, ha llamado a partidos y sociedad civil ha convertirla en una "reafirmación" del compromiso de los catalanes con el derecho a decidir.

Al preguntarle si cree que el Gobierno central puede recurrir el carácter plebiscitario del 27-S, Homs ha respondido que no se imagina que puedan prohibir una convocatoria de elecciones al Parlament: "Hay cosas que son absurdas, y estamos tranquilos".