El Ayuntamiento de Madrid ha hecho negocio con las multas ilegales de tráfico que cobró entre diciembre de 2010 y abril de 2012. El Consistorio se embolsó no menos de 1 millón de euros por estas sanciones en ese período, sin embargo, y a pesar de que la Justicia declaró ilegal el procedimiento, solo devolverá unos 14.300 euros a 286 conductores, apenas un 0,028% de lo recaudado.

Todo comenzó en noviembre de 2010, cuando el pleno aprobó una nueva Ordenanza de Movilidad que permitía a la Policía Municipal penalizar a conductores que cometiesen infracciones, pero sin pararles ni entregarles el boletín en el momento, siempre que alegasen que se encontraban dirigiendo la circulación o que carecían de medios para perseguir al señalado.

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) llevó el caso a los tribunales, alegando que la Ley de Tráfico impedía demorar la notificación por esos motivos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y el Tribunal Supremo (TS) fallaron a favor de los recurrentes en 2012 y 2014.

El procedimiento estuvo vigente durante un año y medio. El Ayuntamiento nunca facilita el desglose de los ingresos por multas, pero Enrique Núñez, delegado de Seguridad, aseguró entonces que la sentencia afectaba a unos 20.000 expedientes.

Suponiendo que todas ellas fueran de tipo leve —sancionadas con 100 euros— y contando con que todos los afectados se hubiesen acogido al pronto pago, que permite descontarse el 50% del importe total, la recaudación habría alcanzado el millón de euros.

Sin embargo, la Administración solo reconoce la devolución a los 286 conductores que, aunque pagaron, siguieron litigando por sus derechos. La cantidad a reembolsar sería de 14.300 euros, con lo que el Ayuntamiento se quedaría con 985.700 euros. Eso, contando el tramo sancionador más bajo, ya que las multas graves y muy graves implican penas de 200 y 500 euros, respectivamente.

"La recaudación fue mucho mayor. Eso era lo que les interesaba. Después, el PP cambió la Ley de Tráfico y legalizó está práctica, pero eso ya no hemos podido recurrirlo. No podemos recurrir leyes ni llevar a la Administración ante la Justicia todos los días. La gente debe unirse si quiere una solución", reclama Mario Arnaldo, presidente de AEA.