El Gobierno aprueba 66 plazas de fiscales para luchar contra el yihadismo y la corrupción

  • Supone una ampliación de presupuesto de cinco millones de euros.
  • También se desarrolla la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria con sanciones previstas de hasta un millón de euros.
  • Finalmente, se ha aprobado un Real Decreto de atención especializada en la Sanidad.
  • "Ha habido importantes daños en infraestructuras viarias", afirma la vicepresidental del Gobierno sobre el temporal en España.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, durante la rueda de prensa que han ofrecido hoy posterior al Consejo de Ministros.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, durante la rueda de prensa que han ofrecido hoy posterior al Consejo de Ministros.
EFE/Ballesteros
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, durante la rueda de prensa que han ofrecido hoy posterior al Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha aprobado también este viernes un real decreto por el que se ampliará la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal a 50 nuevas plazas —además de completar otras 16 que ya existían como interinas— "que supone una ampliación de presupuesto de cinco millones de euros", según ha explicado el ministro Rafael Catalá en la rueda de prensa posterior.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha explicado que las plazas se encuadran en el acuerdo entre el Gobierno y el PSOE en la lucha contra el terrorismo yihadista y contra la corrupción. Este acuerdo garantizaba los recursos humanos y materiales necesarios para luchar más eficazmente contra el terrorismo.

La provisión de estas plazas de fiscales ya fue anunciada por el ministro de Justicia el pasado mes de octubre en su primera comparecencia parlamentaria tras tomar posesión del cargo.

Medidas y sanciones por incumplir la cadena alimentaria

Asimismo, el Gobierno ha aprobado los reales decretos que desarrollan la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Se trata de una ley que persigue acotar los desequilibrios en la cadena alimentaria y, hasta la fecha, ha motivado ya 1.800 inspecciones, 17 denuncias y la primera sanción económica por prácticas prohibidas.

La ley obliga a realizar contratos de compra-venta en los que figuren los precios y el plazo de cobro y cuenta para su cumplimiento con la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Tejerina ha avanzado que los incumplimientos reiterados de la ley de mejora de la cadena alimentaria y las prácticas abusivas pueden recibir sanciones de hasta un millón de euros. Así lo ha explicado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha vuelto a reiterar que los incumplimientos "no le saldrán gratis" a ningún operador de la cadena alimentaria.

Se han publicado "dos elementos clave", según la vicepresidenta, para el desarrollo de la ley, relativas al registro estatal de buenas prácticas comerciales y sobre el régimen de controles que aplicará la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), respectivamente.

Análisis de las consecuencias del temporal

El Consejo de Ministros ha analizado igualmente este viernes un informe sobre la situación del temporal que está afectando a España y sobre los daños causados, principalmente, en la Cordillera Cantábrica, los Pirineos y toda la zona del Ebro.

"Todavía no podemos cerrar las cifras de daños. Ha habido importantes daños en infraestructuras viarias y en las próximas semanas podremos ponernos a trabajar en analizar los datos", ha asegurado la vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El miércoles, en una reunión de la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios presidida por  hubo un primer análisis de las consecuencias del temporal. Un documento que fue encargado a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y en el que han colaborado varios departamentos ministeriales.

Finalmente, se ha aprobado un Real Decreto de atención especializada en la Sanidad para conocer la demanda asistencial, recoger la información en los registros autonómicos para facilitar el conocimiento de las cifras de pacientes que se trasladan entre comunidades.

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