El Gobierno retoma su plan para privatizar compañías públicas ante la mejora de la coyuntura económica en España. El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó la salida a Bolsa de un 28% de las acciones de Aena (controlado por la matriz Enaire). En su conjunto se privatizará hasta un 49%, ya que otro 21% del capital del gestor aeroportuario público español ya está controlado por tres compañías seleccionadas estratégicamente por Fomento: Ferrovial (6,5%), Corporación Financiera Alba (8%) y el fondo británico TCI (6,5%).

La Operación Pública de Venta (OPV) de Aena supondrá una privatización parcial, toda vez que el Ministerio de Fomento mantendrá todavía una participación mayoritaria del 51% a través de Enaire. La salida a Bolsa servirá para ingresar en las arcas públicas entre 1.600 y 2.100 millones de euros, que se unen a los más de 1.600 millones ya pagados en su momento por los tres accionistas del núcleo duro.

Esta OPV supone retomar una política de privatizaciones que comenzó ya con el primer Gobierno de Felipe González, pero que se ha visto paralizada a la fuerza por las dudas de los inversores respecto a España durante la crisis del euro. La de Aena no es la única venta de patrimonio empresarial público realizada en los últimos meses. La actividad de desinversiones ha sido relativamente baja durante la crisis, pero no inexistente. Un ejemplo: En julio de 2014 la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) vendió el 100% de la compañía remolcadora Renosa, una de las filiales de Navantia.

A finales de febrero de 2014, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB) efectuó una venta acelerada entre inversores institucionales de un 7,5% del accionariado de Bankia. La operación sirvió para ingresar unos 1.360 millones de euros sin perder el control público sobre el banco nacionalizado. Dos meses antes, el FROB también se había deshecho por poco más de 1.000 millones de euros de su participación en Novagalicia, otra de las antiguas cajas de ahorros rescatadas. El banco venezolano Banesco se quedó con la entidad, pero dejó un agujero en las cuentas públicas de unos 8.000 millones de euros.

Unos meses después otra entidad financiera nacionalizada, Catalunya Banc, fue privatizada por el FROB tras venderse por unos 1.187 millones de euros al banco BBVA. La operación una vez más apenas supuso la recuperación de una décima parte del dinero público aportado previamente. En el último año el balance de las ventas públicas no ha sido especialmente rentable. También tuvo repercusión pública la venta de una participación pública del satélite Hispasat. Pero además de las operaciones va realizadas, hay otras pendientes, con las que el Ejecutivo espera recaudar hasta 30.000 millones de euros.

Bankia: El Estado, a través del FROB y a su vez, a través de la matriz BFA, posee un 60,9% del capital de Bankia. El compromiso del Gobierno es colocar estas acciones entre inversores privados antes de finales de 2017, si bien la Comisión Europea no ha fijado una fecha límite, como sí ha hecho en el caso de otras entidades nacionalizadas. Y es que el coste de rescatar a BFA-Bankia superó los 22.500 millones de euros, una cantidad que tanto el actual presidente del banco, José Ignacio Goirigolzarri, como el ministro de Economía, Luis de Guindos, creen que se podrá recuperar si se vende adecuadamente la entidad.

Renfe: A la operadora ferroviaria española le saldrá un competidor privado este año. Al menos esta es la previsión del Gobierno, cuyo plan es licitar usos de la red ferroviaria en el corredor de Levante. Técnicamente no es una privatización de Renfe, sino una liberalización del hasta ahora uso en forma de monopolio de la red pública.

Paradores: En noviembre de 2012, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, manifestó públicamente que no descartaba una posible privatización de la compañía Paradores Nacionales, debido a su delicada situación económica y financiera. Solo unos días después, la dirección de la entidad pública anunciaba el cierre de siete establecimientos y un expediente de regulación de empleo que afectaría a un 14% de la plantilla. Los sindicatos vieron en estos movimientos, que finalmente tuvieron un menor impacto, un claro signo de una futura privatización, que sin embargo aún no se ha materializado.

Registro Civil: En julio de 2014, tal y como informó este diario, el Gobierno aprobó un decreto relativo a los registradores que éstos han denunciado como un intento de privatización encubierto. Y es que la nueva normativa estipulaba la adjudicación del servicio de un nuevo software a una compañía privada, algo que sin embargo deberá ser sufragado por los propios registradores, a los que sin embargo no se les dio la posibilidad de concurrir a dicho concurso. La polémica no es nueva toda vez que colectivos judiciales y de funcionarios llevan años protestando contra la privatización de los registros civiles.

Loterías: La venta de esta compañía pública era uno de los proyectos estrella desde el inicio de la crisis. Una de las empresas públicas más rentables, con unos ingresos recurrentes (deja más de 2.500 millones de euros a las arcas públicas cada año) y la popularidad de premios como el Gordo de Navidad. ¿Toda una ganga para posibles interesados? No tanto, a la vista de que la posible privatización de Loterías y Apuestas del Estado tuvo que paralizarse de forma indefinida desde 2011 debido a las turbulencias de los mercados financieros y el desplome de precios en los activos en España. La operación, que sigue en la agenda del Ejecutivo, está a la espera de que los ingresos de la compañía crezcan, después de una crisis que los ha hecho caer. Algo parecido ocurre con Correos, tal como publicó ARN Digital.