La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha presentado al Ministerio de Justicia un proyecto alternativo a la propuesta de reforma del Registro Civil en el que se mantiene este servicio en manos del Cuerpo de Funcionarios con una financiación a cargo de los presupuestos generales del Estado.

La "privatización" del Registro Civil ha provocado concentraciones de funcionarios durante este mediodía ante la sede de lo registros civiles de toda España contra la "explotación" de este servicio público en beneficio propio.

Ante esta oposición, CSI-F ha remitido al departamento de Alberto Ruiz-Gallardón un proyecto alternativo en el que se diseña un Registro Civil "informatizado, interconectado, de acceso telemático, centrado en las personas, descentralizado en su demarcación, financiado con cargo a los presupuestos generales del Estado y dependiente del Ministerio de Justicia".

Para el sindicato mayoritario en el sector de Justicia, no se puede "tirar por la borda" y menos en estos momentos, la experiencia, especialización y formación de los miles de funcionarios de Justicia que prestan sus servicios en los Registros civiles. Advierte de que invertir no se puede identificar con gastar.

"Y menos cuando en este país se ha tirado el dinero a manos llenas en proyectos megalómanos de una utilidad pública más que discutible", añade. CSI-F se muestra consciente de las limitaciones del momento actual y aboga por articular un proyecto por fases que partiendo de la estructura actual culmine con el Registro civil moderno, eficaz y seguro que los ciudadanos demandan. Para ello, invita al Ministerio y al resto de organizaciones sindicales a trabajar juntos sobre la necesaria reforma del Registro civil.

La plataforma sindical de la Administración de Justicia entiende que la importancia y el tratamiento de datos íntimos y expedientes, que afectan "directamente" al contenido de los derechos fundamentales de las persons, exigen que el Registro Civil esté servido "en su totalidad" por funcionarios de la Administración de Justicia.

CC OO ensura la "supresión de más de 3.500 puestos de trabajo de la Administración de Justicia, personal que ha venido desempeñando con la máxima profesionalidad, especialización y dedicación las tareas del registro civil".