La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha denunciado que muchos colegios privados-concertados se escudan en criterios de escolarización fijados por los gobiernos de algunas CC.AA. para impedir la escolarización de alumnos inmigrante, gitanos, con bajo nivel socioeconómico, con necesidades educativas especiales o con bajo rendimiento académico.

"Con este punto, que es competencia autonómica, lo que se permite es que cada gobierno establezca sus propios criterios de baremación para la admisión de alumnos en los centros concertados, y estos pueden ser muy injustos", denuncia Encarna Salvador, directiva de CEAPA.

Incumplimiento de la obligación social contraida

Pero la cuestión es que, al acogerse a este punto, se produce un incumplimiento de la obligación social derivada del régimen de concierto educativo al que se acogen, ya que reciben fondos públicos.

"Pedimos que se quite ese punto urgentemente, porque es discriminatorio y jamás puede darse en centros públicos ni concertados; los alumnos deben tener las mismas opciones en ambos, pues los dos reciben dinero público", asegura Salvador.

Además, la directiva de la confederación afirma que existen otros métodos utilizados por muchos colegios concertados para disuadir al alumnado con bajo nivel socioeconómico:

El ejemplo al que se ciñe la organización es que, en el curso 2004-2005 sólo el 16,9% del alumnado extranjero estaba escolarizado en centros privados o privados-concertados.

Sin comentarios desde Educación

Por su parte, Educación no a querido valorar la denuncia de CEAPA. "El Ministerio no va a hacer comentarios ni valoraciones de un comunicado de prensa de una organización, de la misma manera que no lo ha hecho en otras ocasiones".