Hizman, marroquí, vive con su mujer y sus tres hijos pequeños (7, 6 y año y medio) en un pisito de 48 metros cuadrados en Parla. Cobra un subsidio de 532 euros al mes y lleva en el paro desde finales del año 2011, cuando la crisis (agrandada en el sector de la construcción) hizo que su oficio de soldador no tuviese mucho valor. Acude los viernes a un banco de alimentos, ya que son cinco las bocas en casa y con lo que ingresa no les llega. Con la cocina integrada en el salón, un baño pequeño y dos dormitorios, su casa, por la que paga un alquiler de 62 euros al mes, es fría. Muy fría. La calefacción es eléctrica, "pero no tira mucho", explica. Los niños siempre están con la chaqueta puesta, a pesar de las pequeñas reformas que ha hecho Hizman para intentar combatir el mal tiempo. Los materiales de construcción no son los mejores.

La de Hizman es una de las 286 viviendas de la promoción "Elena Gil", situada en el número 15 de la calle Toledo, una promoción que ha provocado todo un conflicto político en el Ayuntamiento de Parla (PSOE). El edificio arrastra una deuda histórica en el recibo de la luz con Iberdrola, de más de 300.000 euros. La compañía eléctrica lleva ya varios meses amenazando con cortes en el suministro si no se paga. El nuevo ultimátum es este miércoles, 28 de enero. Más de 1.200 personas, repartidas en los 11 portales de la promoción, se pueden quedar sin luz. El problema ha llegado al Consistorio, pero lo que allí se debate no es la situación desesperada de estas familias, sino una serie de supuestas irregularidades por parte del exalcalde, el socialista José María Fraile (imputado en la 'operación Púnica'), que pueden acabar en los tribunales.

Fraile y su concejal de Hacienda, Fernando Jiménez (que sigue en el cargo), decidieron en septiembre de 2014 que el Ayuntamiento de Parla se hiciera cargo de la factura de la luz de la empresa privada que gestionaba estas viviendas, Unifo, que está en suspensión de pagos desde el año 2011. Esta decisión, que no fue tomada en Junta de Gobierno ni cuenta con el visto bueno de la Intervención del Consistorio, según la oposición, ha supuesto que Iberdrola reclame ahora a las arcas municipales en torno a 323.000 euros, un dinero que el Ayuntamiento nunca pagó ni puede pagar ahora por la deuda asfixiante que arrastra, 343 millones de euros al cierre de 2013.

En un escrito fechado el 23 de septiembre de 2014, un mes antes de que José María Fraile fuera detenido en el marco de la 'operación Púnica', el entonces alcalde comunicaba a Iberdrola que el Ayuntamiento solicitaba "el cambio de titular del contrato de suministro de electricidad ubicado en la calle Toledo, 15, actualmente a nombre de Unifo, subrogándose en los derechos  y obligaciones de dicho contrato". Con esta carta, el Ayuntamiento de Parla asumía "el pago de las facturas que se emitan por los suministros de dicho contrato a partir del 23 de septiembre de 2014 e igualmente asume el pago de las facturas pendientes de pago". En el anexo a la carta, Fraile adjuntaba doce periodos de facturación por pagar por valor de 323.000 euros.

Ese mismo día, el 23 de septiembre, el concejal de Hacienda ratificaba por mail a Iberdrola el cambio de titularidad de la factura de la luz de Unifo al Consistorio. "Sobre la deuda acumulada, este Ayuntamiento se hará cargo de ella y buscará la fórmula y los procedimientos adecuados para resarcirse de ella con los inquilinos o con quien corresponda". Miguel Ángel López, portavoz del PP en el Ayuntamiento, señala que esta decisión de Fraile "no fue fiscalizada por los órganos del Ayuntamiento que tenían que hacerlo. Fraile y el concejal de Hacienda, en nombre del Ayuntamiento, deciden asumir unilateralmente la deuda de una empresa privada. Estamos hablando de posible prevaricación y malversación de fondos públicos. Y la actual alcaldesa debe tomar decisiones y destituir al concejal de Hacienda o habrá que acudir a los tribunales".

La nueva alcaldesa de Parla, Beatriz Arceredillo, que tomó posesión a mediados de noviembre tras la renuncia de su antecesor por su implicación en la 'Púnica', admite que se encontró con esta deuda cuando se hizo cargo del Consistorio. Su posición es delicada, ya que el líder del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, también exalcalde de Parla y amigo de Fraile, no quería que Arceredillo fuese la alcaldesa. "Hemos enviado todo lo relacionado con este tema al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, para que nos diga que hay que hacer. Parece ser que en este cambio de titularidad no se han seguido los trámites que debe cumplir una Administración".

El Ayuntamiento de Parla cedió la parcela pública donde se levantan los 286 pisos a la empresa privada Unifo para que administrase durante 75 años viviendas sociales. El objetivo era fijar alquilares asequibles (en torno a 400 euros al mes) para parejas jóvenes. Pero de los 286 pisos solo se alquilaron en torno a 60. Comenzaron entonces los problemas económicos para Unifo. Los pisos que no fueron alquilados empezaron a ser ocupados por familias con escasos recursos. En febrero de 2012, Unifo decidió abandonar la gestión y el mantenimiento de la promoción.

Tras la quiebra de Unifo, la Fundación Todo Ayuda se hizo con la gestión de los pisos. Firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de Parla para intentar poner un poco de orden. "La convivencia estaba deteriorada. La mayoría de la gente no pagaba los recibos de luz y comunidad. Habías muchas casas ocupadas y la situación era delicada", señala un portavoz de la Fundación. Ahora se ha revertido un poco la situación. La fundación ha conseguido regularizar el alquiler de 250 familias y se está trabajando para hacer lo mismo con otras 35. "Ahora los alquileres oscilan entre los 52 euros al mes para las viviendas de un dormitorio y los 62 euros para las de dos dormitorios. A esta cantidad hay que sumar cerca de 40 euros de gastos de comunidad al mes"

El problema es la luz. Unifo no terminó la promoción como debía haberla terminado y en vez de construir un centro de transformación (valorado en 300.000 euros) para controlar lo que consume cada vecino, Iberdrola emite una única factura que oscila entre los 14.000 euros de un mes de verano a los 40.000 euros de un mes de pleno invierno. "Hay contadores individuales, pero no funcionan y no leen a cada vecino. El centro de transformación es una instalación legalizada con contadores reconocidos por Iberdrola, es necesario construirlo. Ahora Iberdrola no reconoce los contadores individuales que hay, que son defectuosos", explica Antonio Gimeno, portavoz de la fundación. Los problemas de pago de muchos de los inquilinos incrementó la deuda con Iberdrola, esa deuda que en septiembre Fraile y el concejal de Hacienda decidieron asumir unilateralmente, "ilegalmente", según la oposición, pero que nunca se pagó por parte del Ayuntamiento.

Mientras, Iberdrola ya ha amenazado con cuatro cortes de luz, el próximo el 28 de enero. "Estamos haciéndolo poco a poco. En diciembre los vecinos hicieron un pago de 44.000 euros con ayuda de la fundación, que permitió aplazar el corte, y pronto pagaremos otros 22.000", explica Gimeno. La gran mayoría de los vecinos está en el paro. Los más afortunados cobran prestación por desempleo, otros los 426 euros de renta de ayuda mínima. "Hay muchas familias marroquíes, otras de etnia gitana, y gente mayor con problemas de dependencia. Hay niños pequeños. Un corte de luz sería trágico".

Los vecinos se han organizado e intentan hacer pequeñas mejoras en el edificio. Algunas ventanas de la fachada están rotas y entra frío. El espacio de las casas es reducido. Muchos padres duermen en el salón para que sus hijos tengan el único dormitorio que tienen muchas de las viviendas. Los tenderetes para colgar la ropa se mezclan en los pasillos de los portales o colgados de las ventanas. En el exterior, la basura, mucha basura, se acumula. El edificio no tiene reconocido punto oficial de recogida. No hay buzones, por lo que los vecinos deben acudir a la oficina de Correos. Hay dos plantas de aparcamiento, con capacidad para 600 plazas. Hoy están abandonadas y en muy mal estado.

"El Ayuntamiento se ha portado mal, muy mal con nosotros", explican varios vecinos. Uno de ellos hace las veces de conserje. "La promoción tiene varios locales que supuestamente iba a ser comerciales. Nunca se abrieron. Ahora están tapiados. Pedimos utilizar uno como clase, ya que la fundación consiguió que un profesor de inglés impartiera clases a nuestros niños. La concejala Ana Blázquez (edil de Vivienda) se negó y nos cerró el local".

Ángel Burgillo, 60 años, es otro de los vecinos. Duerme en el salón con su mujer, enferma de cáncer, porque el dormitorio está ocupado por su cuñada, enferma de alzheimer. Gana 700 euros al mes. Tiene una invalidez del 65% porque tiene sida, y su esposa otra del 73%. Pensionista, reconoce que hay que estar muy abrigado en casa. "Cómo nos corten la luz, no sabremos qué hacer. Mi mujer necesita un aparato médico por su cáncer de garganta que necesita conexión a la luz. La fundación Todo Ayuda es la única que nos ha salvado. El Ayuntamiento dejó este edificio como la ley del oeste. Antes de que llegara la fundación, los ocupas destrozaron el edificio. A mi mujer la pegaron y la robaron el respirador. Fue horrible".

Debido a la deuda que Unifo tenía con Bancaja, la hipoteca para la construcción de inmueble pasó a manos de la SAREB (Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), conocido como "el banco malo". El fondo Cerberus Capital Management gestiona esta hipoteca por una comisión del 0,3%. "Con ese dinero que se paga de comisión al fondo se podría haber construido ya el centro de transformación", señala Gimeno, que destaca que en este tema han pasado cosas raras. Por ejemplo, la empresa Cofely (investigada en la trama 'Púnica' por llevarse un contrato millonario de 54 millones del Ayuntamiento) se comprometió a donar ese centro de transformación. "Nunca lo hicieron", concluye Gimeno. Dos directivos de Cofely también están imputados.