Reharán su vida en un piso de alquiler social tras su desahucio: "Dimos con personas buenas"

  • Julia, de 80 años, y su hija, de 45, dejaron de poder pagar en 2013 el alquiler del piso de Madrid en el que vivían.
  • El pasado 16 de octubre vecinos y activistas antidesahucios lograron aplazar su desalojo; ese mismo día supieron que se les concedía un alquiler social.
  • Ambas mujeres pagarán unos 116 euros al mes por su nueva residencia, un inmueble de 70 metros cuadrados y dos habitaciones.
  • La vivienda que tienen que dejar, inicialmente de protección oficial, fue vendida por el Ayuntamiento a un 'fondo buitre' hace algo más de un año. 
  • La privatización de pisos del Ivima y la EMVS obliga a los inquilinos a pagar más.
Julia y Paloma, en su casa de la calle de Salvador Allende de Madrid.
Julia y Paloma, en su casa de la calle de Salvador Allende de Madrid.
A. G.
Julia y Paloma, en su casa de la calle de Salvador Allende de Madrid.

Estos son los últimos días que Julia Rodríguez y su hija Paloma del Viso pasarán en el piso de la calle de Salvador Allende de Madrid en el que residen desde 2011. Tienen que dejarlo antes del 3 de diciembre, pero en su caso cuentan ya con una nueva residencia: podrán mudarse a una vivienda por la que pagarán un alquiler social. Este es el ejemplo de un desahucio con final feliz, pero al que han llegado no sin antes derramar muchas lágrimas y después de lograr paralizar in extremis un desalojo a la fuerza. Allí estuvieron con ellas activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y decenas de vecinos para evitar que el 16 de octubre las echasen de casa.

A sus 80 años, Julia está operada de la cadera y ha superado un cáncer de mama. Toma pastillas para la tensión, para el colesterol, tiene la tiroides inflamada... "Y con este ojo no veo", dice señalándose el derecho. Recorre el piso apoyada en su bastón y pese a todo, muestra una gran fortaleza. Paloma, de 45 años, padece un trastorno límite de la personalidad, por lo que también debe medicarse, y próximamente será operada de un mioma. El gasto en medicinas entre las dos es elevado.

Sentadas alrededor de la mesa que tienen en la sala hoy cuentan su historia más tranquilas que ayer. Este lunes lo vivieron con temor al pensar que a la mañana siguiente la Policía se personaría en el domicilio para obligarlas a abandonarlo.

La confusión vino provocada por un contrato que Julia tuvo que firmar el 11 de noviembre. En él quedaba establecido que el arrendatario debía entregar las llaves de la vivienda y dejarla libre el 25 de noviembre. Ambas mujeres creyeron automáticamente que ese día serían desalojadas, una semana antes de lo que les habían comunicado. Los abogados de la PAH intentaron tranquilizarlas: una cláusula posterior apuntaba que en caso de no entregar las llaves el 25, se procedería al lanzamiento, sí, pero el 3 de diciembre, tal y como había establecido el Juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid.

Pese a contar con esa asesoría legal, Paloma y su madre no han respirado tranquilas hasta que ha llegado el día y han visto que nadie las ha sacado del piso; un piso propiedad de Fidere, perteneciente al fondo buitre que a mediados de 2013 compró al Ayuntamiento viviendas hasta aquel momento de protección oficial. Entre las 1.860 adquiridas estaba la de Julia. Por aquel entonces, ella ya había tenido que dejar de pagar el alquiler, de 517 euros al mes. Su hija, en paro desde 2010, había dejado de cobrar la prestación por desempleo en 2012 y con la pensión de jubilación de 632 euros mensuales no les alcanzaba. Paloma afirma que hasta el pasado mes de junio no logró que le concediesen los 426 euros del subsidio por desempleo, prestación que recibirá en principio hasta enero.

"Le propusimos a Fidere que nos concediera un alquiler social y que poco a poco le iríamos pagando la deuda", recuerda, pero agrega que no obtuvieron respuesta. Una deuda que según Julia asciende a 7.000 euros. Dadas las circunstancias, con la ayuda de la PAH y a través de los Servicios Sociales, solicitaron un alquier social que les ha sido concedido, según supieron el mismo 16 de octubre. "Hemos dado con personas buenas", dice emocionada.

116 euros al mes

El inmueble al que van a mudarse, de la Empresa Municipal de la Vivienda, está situado en la Colonia Marconi, en el distrito de Villaverde, y por él pagarán 65 euros al mes, más 51 euros de comunidad. Tiene 70 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, y se compone de dos habitaciones, un salón grande, la cocina y un baño. El edificio en el que se encuentra fue construído hace 15 años. Este lunes empezaron a hacer la mudanza pero no podrán trasladarse allí hasta dentro de unos días porque aún no disponen de gas, luz ni agua, suministros con los que esperan contar a finales de semana.

En el piso de la calle de Salvador Allende, de tres habitaciones y dos baños, van quedando cada vez menos cosas pero aún están la mayoría de los muebles, la nevera, productos de aseo y algo de ropa. Lo recibieron vacío, igual que al que se trasladan ahora, y vacío lo dejarán.

"Estoy ilusionada. Con ganas de irme. Aquí ha habido muchos malos rollos", relata Julia y recuerda los problemas que tuvo entre esas cuatro paredes con uno de sus cuatro hijos. El hombre vivía con ellas pero, según afirman, hace unos meses las dejó abandonadas. No han vuelto a saber nada de él. Problemas familiares las han llevado a tampoco tener contacto con ninguno de los otros dos hermanos. Pero se tienen la una a la otra.

Ambas mujeres, que viven juntas desde hace 18 años, se despiden sonrientes. Aún les queda trabajo por hacer antes de poder empezar una nueva vida.

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