La Fiscalía General del Estado ha presentado este viernes la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la supuesta comisión de delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación de fondos públicos y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9N.

La querella, que se ha presentado a mediodía en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), también se dirige contra la vicepresidenta catalana Joana Ortega y la consellera de Educación, Irene Rigau, también por los mismos delitos.

La Fiscalía acusa al presidente catalán de actuar con "arbitrariedad" al incumplir la suspensión del 9-N ordenada por el Tribunal Constitucional y de "sobreponer la propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme a derecho".

Así lo sostiene el Ministerio Público en la querella presentada por la Fiscalía Superior de Cataluña por orden de la Fiscalía General del Estado. Está firmada por el fiscal superior de Cataluña, Jose Maria Romero de Tejada, quien se oponía a emprender acciones legales por el 9-N aunque ya anunció que acataría la orden de su superior, Eduardo Torres-Dulce.

Asimismo, La Fiscalía reprocha a los miembros del Govern querellados la "intrínseca arbitrariedad" de su conducta, por negarse "abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución judicial emanada del máximo intérprete de la Constitución".

El ministerio público recuerda que la consulta del 9N fue "planificada, auspiciada y financiada" por la Generalitat pese a que el TC la suspendió en una orden que, a su parecer, "no dejaba margen a la duda". Es más, el fiscal cree que el 9-N "no fue sino la realización, por otros medios, del designio original de celebrar una consulta de naturaleza materialmente refrendaria igualmente suspendida por el TC", como lo demuestra que Artur Mas puso en marcha un proceso de participación ciudadana "desarrollado con la estructura de urnas, mesas y papeletas característica de los procesos electorales".

La Fiscalía sostiene que el gobierno de la Generalitat "llevó a cabo una continuada actividad administrativa destinada a dar soporte material y personal" al 9-N y "ha incurrido en gasto público para llevar a cabo actuaciones delictivas", opuestas a las decisiones del Tribunal Constitucional.

En opinión del ministerio público, "hallándose jurídicamente suspendido el proceso de participación, los querellados adoptan decisiones, escritas o no, y perseveran en vías de hecho, que les sitúan extramuros del ordenamiento jurídico, y solo aspiran a hacer prevalecer su voluntad sobre el contenido de las decisiones que al respecto había adoptado el Tribunal Constitucional".

Para la Fiscalía, las decisiones que adoptaron los querellados sobre "la jornada de funcionarios públicos, apertura y mantenimiento o no cierre de la página web" no pueden ser consideradas como meros actos políticos, porque ello "ensancharía de un modo intolerable los espacios de las administraciones públicas exentos de un completo control".

Esas decisiones, añade la querella, "no guardan parangón alguno" con la declaración de soberanía o la creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional que aprobó el Parlament, dado que estos hechos "no se produjeron violentando una decisión previa de suspensión adoptada por el TC".

Según el escrito de la Fiscalía, los actos que el gobierno de la Generalitat impulsó tras la providencia en que el TC suspendió la consulta alternativa del 9-N "responden a una voluntad única y definida de llevar adelante el proceso refrendario", lo que a su entender constituye un delito de desobediencia grave.

Para el ministerio público, las resoluciones del TC constituyen "una orden absoluta, tajante e inequívoca" y el incumplimiento de la misma, "consumado en el curso de la jornada de votación del 9 de noviembre, y en las actuaciones preparatorias del mismo, ha lesionado de manera efectiva otro bien jurídico: la integridad de la jurisdicción del TC y la eficacia de su tutela cautelar del orden constitucional".

La Fiscalía argumenta que la orden del TC abarcaba todos los actos relativos a la convocatoria del 9-N e insiste en que habría sido "virtualmente imposible e inútil impugnar uno a uno todos los actos" que se realizaron en relación con la consulta. "Pese al conocimiento de que el TC había decretado la suspensión, los querellados en abierta y franca oposición llevan hasta el final el acto suspendido", añade el escrito, que recuerda las "reveladoras" palabras pronunciadas por Mas el 9-N: "si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi gobierno".

Para sustentar del delito de malversación, el ministerio público subraya que la Generalitat "ha realizado gastos para llevar a cabo un acto no ya contrario a derecho, sino constitutivo de delito en tanto vulnerador de la suspensión del proceso acordada por el Tribunal Constitucional".

Las partidas para el 9N "han sido deliberadamente y ab initio destinadas a un fin radicalmente ajeno a la función pública", añade la Fiscalía, que recuerda que el fin del delito de malversación es precisamente tutelar "la confianza del ciudadano en el manejo honesto de los caudales públicos y la propia fidelidad en el servicio de los funcionarios que de ellos disponen".

Según ha informado el alto tribunal catalán, ahora se procederá al reparto dentro de la Sala Civil y Penal para que empiecen los trámites habituales. En primer lugar, se conformará la sala de admisiones, integrada por el presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, y dos magistrados más, quienes resolverán si admiten o no a trámite la querella.

En caso de que sea admitida, el ponente de la resolución se convertirá en el magistrado instructor de la causa y empezará la investigación. Si se presentaran recursos contra la decisión de la sala de admisiones, se crearía una sala de recursos, formada por los magistrados de la sala civil y penal que no han formado parte de la de admisiones.