El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido este jueves a trámite el conflicto positivo de competencia que presentó la Generalitat de Cataluña contra el procedimiento para compensar a las familias que pidan la escolarización de sus hijos en centros privados para que tengan como lengua vehicular el castellano. Su  admisión "no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del citado asunto, que el Tribunal resolverá en próximas fechas", ha aclarado el Alto Tribunal.

La Generalitat presentó ante el TC un recurso contra el Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que se regulan los procedimientos para reconocer la compensación de los costes de escolarización previstos en la Ley, que obliga a pagar una plaza escolar privada en castellano a las familias que soliciten que sus hijos sea escolarizados en esta lengua, cuando no haya opción en la enseñanza pública.

Según ha informado el Constitucional, el Alto Tribunal ha acordado dar traslado de la demanda al Gobierno y le ha otorgado un plazo de veinte días para personarse en el procedimiento y formular sus alegaciones. También ha acordado comunicar la incoación del procedimiento a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo con el fin de que, en el caso de que esté tramitando algún recurso contra el mismo Real Decreto, deje en suspenso el procedimiento hasta que el TC resuelva el conflicto.

La Generalitat acordó recurrir este decreto porque considera que supone "una invasión y menoscabo de las competencias de la Generalitat en materia de educación y lengua propias". El recurso alega que "el Estado no dispone de competencias para establecer este mecanismo" y que "supondrá una separación de los alumnos por razón de lengua, lo que es contrario al régimen lingüístico de la enseñanza en Cataluña".

El decreto que recurrirá la Generalitat atribuye al Estado la facultad de sustituir a las comunidades autónomas cuando éstas no garanticen la enseñanza en castellano "en una proporción razonable", y dispone la escolarización de estos alumnos en centros privados con esta oferta, cuyo coste irá a cargo de la Generalitat. Estos gastos están previstos en la disposición adicional 38 de la Lomce, que ya fue objeto de recurso por parte de la Generalitat.

El pasado día 6, el Ministerio de Educación informó en una respuesta parlamentaria a UPyD de que había recibido 293 solicitudes de familias de comunidades con lengua cooficial que piden esta compensación económica. De ellas, 256 se encuentran en estado de "borrador", es decir, que el solicitante ha cumplimentado los datos en sede electrónica pero no han pasado a ser "confirmadas".

De las 37 restantes, 35 están confirmadas, y de ellas, tres se refieren a alumnos de Cataluña, cuatro de Galicia, 25 de la Comunidad Valenciana y 3 de Baleares. Además, otra solicitud procedente de Cataluña se encuentra en fase "registrada", que significa que se ha presentado en sede electrónica de Educación y está pendiente de instruir por la Alta Inspección de Educación en la Delegación del Gobierno de su comunidad.