El Ayuntamiento de Madrid no cuida sus edificios. Según los registros municipales, al menos 81 construcciones de propiedad consistorial incumplen la legislación sobre seguridad desde hace años. Todas ellas son espacios públicos que, pese a sus deficiencias, nunca han sido cerradas.

De los 81 señalados, 51 no están en condiciones de superar la Inspección Técnica de Edificios (ITE), esto es, la revisión periódica de aquellos elementos que afectan a la seguridad del complejo y de las personas que lo habitan, lo que supone un riesgo para los usuarios, de acuerdo a los expertos.

Entre ellos hay 18 cantones o parques de limpieza, siete centros ambientales (incluidos los viveros del Retiro), cuatro mercados (San Cristóbal, Villa de Vallecas, Orcasitas y Orcasur), tres centros de formación (Escuela de Cantería, centro ocupacional de la calle de Godella y la Escuela de Cerámica) o dos centros sanitarios (calles de Navas de Tolosa y Rafael Calvo).

La mayoría arrastran esta dejadez de mantenimiento desde las legislaturas de Alberto Ruiz-Gallardón. Es el caso de la biblioteca La Chata de Carabanchel, que tiene la ITE desfavorable desde 2003 y debe pasarla de nuevo este año. En su caso, los técnicos valoraron el mal estado general de la fachada, de las cubiertas, la fontanería y la red de saneamiento. Las obras de arreglo obligaron a cerrar las instalaciones el 20 de octubre.

El Centro Cultural Buenavista (Salamanca) debía presentarla en 2005, pero el Ayuntamiento no cumplió con el trámite hasta diciembre de 2012, cuando suspendió el examen por deficiencias similares a la anterior. Todo sigue igual desde entonces.

El Mercado de Orcasitas, construido en 1973, fue reinaugurado en 2009 tras someterse a una actualización que supuso una inversión de 6 millones de euros. Los propios comerciantes sufragaron el 60% de la obra. Sin embargo, eso no les sirvió para superar la ITE, que se realizó el pasado mes de julio, con siete años de retraso. El mal estado de la red de fontanería y saneamiento impidió que recibiese el visto bueno.

Además de los anteriores, otros 27 edificios deben adaptarse a la normativa eléctrica. La mayoría de ellos son centros de mayores, juveniles o culturales, aunque tampoco cumplen la ley la sede de la Junta Municipal del Distrito de Vallecas, el auditorio del Parque Calero, la biblioteca de Ascao o el Servicio de Atención a la Violencia Doméstica del distrito de Ciudad Lineal, que abrió en el año 2001 y se instaló en el edificio de un antiguo colegio.

El Mercado Guillermo de Osma (Arganzuela), el Centro de Encuentro y Acogida La Rosa (Moncloa) o el Centro Sociocultural El Greco (Latina) permanecen al margen de la normativa de incendios.

Ana Botella presentó en mayo un plan de inversiones de 48,5 millones, de los cuales 6,7 irán destinados a paliar, esta situación. El Área de Hacienda, del que dependen los edificios, justifica que la obligación de someter las propiedades municipales a revisión comenzó "con carácter general" en 2007, momento en el que el Ayuntamiento tuvo que afrontar cientos de inspecciones que incluían inmuebles construidos en el siglo XVII.

"Se ha sometido a inspección más del 90% de dichos edificios, con un resultado en su mayoría favorable. Igualmente, se han llevado a cabo las inspecciones obligadas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y, en el caso de los incendios, del Código Técnico de la Edificación y demás normativa", añadió un portavoz.

El Consistorio alega que la mayoría de los edificios solo necesitan "obras de pequeño alcance", tales como pequeñas goteras, movimiento de tejas o reparación de saneamientos. Los datos del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles dicen lo contrario: conseguir que el mercado de Orcasur, la residencia de menores de Chamberí o las naves 8 y9 del Matadero (que nunca han abierto al público) pasen la inspección costará 581.000€, 333.810€ y 450.000€, respectivamente.

El PSOE, que ha denunciado públicamente esta situación, pide al Ayuntamiento que sea "tan exigente con sus inmuebles como lo es con los de la ciudadanía". "Estas deficiencias pueden afectar a la seguridad de los madrileños", señala el concejal Jaime Lissavetzky.

Para los expertos, la situación es realmente grave. "La ITE es como la ITV de los coches: si el edificio no la pasa, y más si es un lugar de concurrencia pública, no debería usarse. Es una irresponsabilidad, un riesgo para los usuarios: puede haber desprendimientos, caída de cascotes, incendios de material eléctrico, acumulación de bacterias en los desagües, rotura de canalizaciones... Además, no pasar la ITE en fecha implicará un deterioro mayor y que las reparaciones sean mucho más caras", advierte David Arias, experto del gabinete técnico del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.

Si una comunidad de propietarios incumple sus obligaciones, el Ayuntamiento puede no solo sancionarles con multas consecutivas de 1.000€, 2.000€ y 3.000€, sino acometer subsidiariamente los trabajos y pasar después la factura. El Consistorio admite que, en el caso de sus edificios, no se ha autoimpuesto ninguna penalización. Mientras tanto, miles de vecinos se encuentran desbordados por derramas para pagar las obras de adaptación a que obliga la ley, como publicó 20minutos.

"Hay bibliotecas, centros de mayores o de salud con problemas evidentes. Se supone que el Ayuntamiento se toma estas cosas en serio por nuestra seguridad, pero no es así. Normal que luego pasen cosas como lo del Madrid Arena o que haya que cerrar la Junta Municipal de Moratalaz porque el techo se cae y hay problemas de cimentación", critica Vicente Pérez, responsable de Urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM).