La investigación el origen de los fondos evadidos por la familia Pujol durante 34 años determinará si el fraude fiscal es delito, según aseguraron este sábado los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Si sólo se tratase de los 4,8 millones de euros atribuidos a la herencia del padre del expresident, no se consideraría un delito fiscal, lo que significaría que su esposa y sus hijos se salvarían de las penas y multas al haber presentado las declaraciones complementarias antes de que se hubiera iniciado la investigación tributaria o judicial, ya que la exención penal exige que la regulación sea completa y se haya realizado el pago de la cuota del IRPF pendiente, el recargo por declarar fuera del plazo y los intereses, según explica Gestha.

Los bienes en el extranjero no declarados se consideran incremento de patrimonio que, según los técnicos de Hacienda, no prescriben, pero el dinero aflorado debió tributar al tipo marginal del 43% que se aplicaba en Cataluña en el IRPF de 2010, —último ejercicio no prescrito—.

Por el lado administrativo, la Ley General Tributaria considera que son unas regularizaciones voluntarias, por lo que Gestha duda sobre si la Agencia Estatal Tributaria puede imponer la sanción prevista para estos casos del 150% de la cuota evadida.

Si existiera una exención penal, difícilmente puede prosperar unas sanciones tributarias, además de que los abogados de la familia Pujol Ferrusola las recurrían ante los tribunales de lo contencioso, que son los que finalmente acabarían decidiendo.

Sin embargo, si las investigaciones judiciales detectan otras cuentas en el extranjero y otras operaciones de la familia, podrían haber cometido varios delitos fiscales.

También, los técnicos han advertido de que si los fondos ocultados tuvieran un origen de actividades económicas lícitas, no se cometería delito fiscal porque se demostraría la procedencia no tributaría en el IRPF. Pero para ello sería necesario la colaborción de las autoridades de Andorra, Suiza y Luxemburgo, además de vencer la limitación impuesta por la justicia andorrana por la cesión de datos bancarios del hijo de Pujol, para investigar el presunto delito de capitales del que está imputado.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda han denunciado que se trata de un ejemplo más de la "miopía continuada" de la Agencia Estatal Tributaria, porque no han sido capaz de detectar la acumulación de patrimonio y los fraudes fiscales que durante décadas han podido realizar la familia Pujol Ferrusola, cuando la información de movimiento de divisas está incluida en las bases de datos de la AEAT.

Gestha pide al Director de la Agencia Tributaria que explique cómo no se detectaron los 32 millones que Jordi Pujol Ferrusola movió por 13 países entre 2004 y 2012, y si se detectaron qué declare los motivos por los que no se inició la investigación tributaria. El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, señala que "la opacidad de los paraísos fiscales permite mantener ocultas enormes fortunas. En concreto, los capitales aflorados con la amnistía fiscal procedentes de 2009 a 2011, solo representaron el 3% de la evasión fiscal estimada en ese trienio, lo que significa que el 97% de los importes evadidos se consideran indemnes al control fiscal".

Por tanto, los técnicos de Hacienda han manifestado que esperan que el Ministerio de Hacienda actúe para que nada ni nadie quede impune. Además de pedir a Cristobal Montoro que cambie las normas internas para que se pueda investigar y seguir los delitos fiscales.