El Partido Popular de Alcalá de Guadaíra ha propuesto al Equipo de Gobierno local que implante en la Administración municipal el acceso electrónico integral para todo tipo de instancias; "registros o solicitud de subvenciones, entre otras, que permita al ciudadano realizarlas a cualquier hora desde casa", han explicado.

Los 'populares', "conscientes de la pérdida de tiempo que puede llegar a suponer para los ciudadanos tener que asistir personalmente al Ayuntamiento o a las distintas Delegaciones Municipales para realizar gestiones burocráticas", han planteado la necesidad de "poner en práctica a la mayor brevedad posible los medios técnicos necesarios para que todas las gestiones con la Administración puedan hacerse de forma telemática y con todas las garantías de seguridad".

Desde el PP aseguran que "diariamente se pueden observar largas colas de ciudadanos esperando para poder ser atendidos por el Consistorio", algo que para la presidenta de los 'populares' alcalareños, María del Carmen Rodríguez Hornillo, "no es de recibo, máxime cuando hoy en día casi todas las administraciones públicas ofrecen el servicio de acceso electrónico".

Rodríguez Hornillo ha valorado positivamente los "numerosos beneficios que la implantación del sistema telemático repercutirían tanto en los ciudadanos como en la propia Administración municipal".

Entre ellas, destaca, "el incremento de la eficacia de la administración al reducir considerablemente el tiempo en la atención personal y, por otro, evitar a los proveedores del Ayuntamiento y todos los alcalareños en general, las molestias que suponen el desplazamiento y el tiempo perdido en la espera".

Esta fórmula, "que si bien no es una novedad y que cada vez está más extendida entre todas las administraciones públicas tanto a nivel estatal como autonómico y local", subrayan los 'populares', "pone de manifiesto que el sistema tradicional, seguido hasta ahora por el Ejecutivo de Gutiérrez Limones, es obsoleto e inoperante".

Según el PP, "se hace imprescindible la aplicación de este derecho que se le ofrece al ciudadano desde el 2007, según se recoge en la Ley 11/2007 de 22 de junio, en la que se le reconoce su derecho a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, así como la obligación de éstas a garantizar ese derecho y su seguridad".