Alberto Ruiz-Gallardón ha renunciado a su cargo como ministro de Justicia este martes y ha anunciado que abandona la política. Sólo unas horas antes, el Gobierno había anunciado que retiraba de uno de los proyectos que Gallardón había defendido más intensamente, la reforma de la ley del aborto. Esta decisión del Ejecutivo desautorizaba al ministro de Justicia, que se ha mantenido firme en sus convicciones respecto a la reforma del aborto y se ha convertido en el primer ministro que dimite en el Gobierno de Rajoy.

El futuro de Gallardón estaba ligado a esta controvertida reforma, de la que ha defendido cada punto y coma del texto hasta quedarse prácticamente solo. Incluso desde su propio partido hay quienes afirman que Gallardón ha encontrado muchos obstáculos desde el primer día para sacar adelante sus principales proyectos, tanto dentro como fuera de su formación.

Desde sus primeros meses al frente del ministerio de Justicia, Gallardón manifestó su oposición a la ley de pazos aprobada por el Gobierno de Zapatero. Gallardón aseguraba que era "contraria a lo manifestado por el Tribunal Constitucional" e incluso manifestó en el Congreso de los Diputados que esta norma generaba "una violencia de género estructural contra la mujer" que la llevaba a abortar. También llegó a señalar que no se puede permitir "que una parte de la juventud entienda el aborto como un método anticonceptivo".

Gallardón defendió siempre que su proyecto era el primero que no contemplaba la posibilidad de que la mujer fuera a la cárcel por abortar, pero reducía considerablemente los supuestos en los que se permitía la interrupción del embarazo: sólo la autorizaba en caso de violación o si existía riesgo para la salud de la madre.

Gallardón llegó al Palacio de Parcent con la promesa de diseñar la Justicia de la España del siglo XXI y se marcha casi tres años después con un buen puñado de reformas anunciadas pero con ninguna de las principales aprobadas: La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha sido contestada por toda la judicatura, no hay ni rastro del Código Procesal Penal ni de la ley de Planta Judicial y el Código Penal está en un cajón del Congreso.

Sin embargo, la reforma de la ley del aborto ha sido la norma que ha marcado el tiempo de Alberto Ruiz-Gallardón en el Gobierno. Gallardón marcó el proyecto en rojo nada más llegar a la Moncloa, cuando el 25 de enero de 2012 anunció la reforma del texto para exigir el consentimiento paterno a la hora de abortar a las menores. Según ha explicado Rajoy este martes, precisamente ese punto será el único que seguirá adelante.

Probablemente se trate del momento político más amargo en la trayectoria de Ruiz-Gallardón, cuyo mandato al frente del Ministerio de Justicia no ha estado exento de polémica, como así coinciden en señalar una buena parte de los jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales y demás operadores jurídicos: "No ha puesto de acuerdo a nadie y ha puesto en contra a todos". De hecho, el ministro se tuvo que acostumbrar a enfrentarse con la oposición parlamentaria en bloque, no solo por el contenido sino por la tramitación acelerada y los procedimientos empleados, lo que finalmente acarreó consecuencias y cambios a los tres principales textos aprobados.

Ese fue el caso de la Ley de Tasas Judiciales, cuando la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, propuso a Gallardón que se eliminaran algunas tasas y se modificaran otras, algo a lo que el ministro accedió poco después. O la reforma del Consejo General del Poder Judicial que exigió la aprobación previa de un proyecto de ley que suspendiera la renovación del órgano de gobierno de los jueces, para así dejar vía libre al sistema de elección de vocales proyectado por Gallardón.

Completa el podio la reforma de la justicia universal, que logró la unanimidad en contra de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, reacios a archivar las causas que instruían tal y como ordenaba la ley aprobada. Esta norma junto a la ley de tasas judiciales ya han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional.

Gallardón abandona la política después de más de 30 años dedicado a ella. En este tiempo, ha ocupado numerosos puestos de responsabilidad, desde sus comienzos como concejal y senador hasta la Presidencia de la Comunidad de Madrid y la alcaldía de la capital, siempre con mayorías absolutas. El ya exministro apuntaba incluso más alto: en 2002, tras anunciar Aznar que no sería candidato en 2004, se declaró aspirante a sucederlo, aunque no contó con el apoyo del partido.

Durante su etapa en Madrid, Galladón destacó por sus los importantes proyectos de infrastructuras y por los sucesivos intentos de convertir a la capital en sede de los Juegos Olímpicos. La extensión de la red de Metro, el soterramiento de la M-30 o la creación de la superficie de Madrid Río fueron algunos de los proyectos que hicieran que sus adversarios políticos se refiriesen a él como el 'faraón' de Madrid.

Fue el responsable de la llegada del Metro a nuevas zonas de Carabanchel, a Mirasierra, a Las Rosas, a municipios del sur de la región como Alcorcón, Móstoles, Leganés y Getafe. También hizo suya la idea de acabar con las brechas urbanas, lo que le llevó a dirigir el soterramiento de la M-30, unas obras que pusieron 'patas arriba' a la ciudad durante años y en las que corría el rumor de que el propio Gallardón controlaba su avance por las noches a bordo de su motocicleta, una de sus grandes pasiones.

La oposición afeó constantemente al alcalde que los acometiera sin más aportación económica que la municipal y que ha tenido consecuencias como que el Ayuntamiento tenga una deuda que "hipoteca el presente y futuro de los madrileños". También fue especialmente polémica la instalación de los parquímetros en buena parte de la capital, la creación de la Tasa de Basuras, el 'caso Guateque', o el traslado del consistorio al Palacio de Cibeles, que costó 500 millones de euros.

Gallardón también fue quien puso en marcha el sueño olímpico no cumplido de Madrid. Fueron tres las intentonas, una de ellas ya con Botella como alcaldesa, y en todas Madrid se quedó con las ganas mientras que la sociedad se dividía entre los que apostaban por traer los Juegos ante la inyección económica que generarían y los que veían que era una pérdida de dinero, con proyectos que quedaron a medio hacer.