Dos agrupaciones humanitarias de Argentina pidieron hoy a un juez que cite a declarar al ex presidente de la Xunta de Galicia Manuel Fraga en una causa sobre crímenes cometidos por el grupo de ultraderecha 'Triple A' en este país.

La solicitud fue formulada por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos al magistrado Norberto Oyarbide, que investiga la actuación de la organización a la que se le adjudican unos 1.500 atentados y asesinatos entre 1973 y 1975.

En la solicitud, a la que tuvo acceso la agencia estatal de noticias argentina Télam, los organismos de derechos humanos señalaron que por la prensa local se enteraron de que el fundador del Partido Popular español "estaría en Argentina".

De hecho, Fraga estuvo de visita en Buenos Aires entre el viernes y el domingo último, cuando partió hacia Uruguay, segunda y última escala de una visita proselitista entre residentes gallegos.

Las agrupaciones humanitarias calificaron como "pública y notoria" la vinculación entre Manuel Fraga y el ex policía argentino Rodolfo Almirón, quien fue detenido en diciembre pasado en España a partir de una petición del juez Oyarbide.

Fue su guardaespaldas

Fuentes del PP han confirmado que Almirón fue guardaespaldas del fundador de Alianza Popular (AP) Manuel Fraga, a principios de los años ochenta, hasta que en 1983 la revista Cambio 16 publicó detalles sobre su pasado que desataron un escándalo.

"Sería de gran importancia para el desarrollo de esta investigación la citación a declarar" de Fraga, dijeron la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos en el escrito entregado a Oyarbide.

El juez ha pedido a España la extradición de Almirón y de la ex presidenta argentina María Estela Martínez de Perón (1974-1976), quien permanece bajo arresto domiciliario en su vivienda de Madrid por su presunta vinculación con crímenes cometidos por la 'Triple A'.

Almirón y los también ex policías Juan Ramón Morales y Miguel Angel Rovira, que están detenidos en Argentina, fueron jefes de la organización parapolicial que actuó bajo las ordenes del Estado.