La jueza Mercedes Alaya ha acusado a la Junta de conceder ayudas para la formación por valor de 950 millones de euros «sin justificar» entre 2008 y 2011.

Así lo ha expresado la magistrada en el auto de imputación del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el primer imputado en la causa donde se investigan presuntas irregularidades en los cursos de formación subvencionados por el Gobierno autonómico.

En el escrito, Alaya asegura que, según se desprende de la declaración prestada como testigo por el director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavete, el Ejecutivo andaluz habría exonerado o permitido no justificar estos casi mil millones de euros, todo ello a fecha de octubre de 2013.

En cuanto a Fernández, que ha sido citado a declarar el próximo 16 de octubre, la jueza le imputa presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Lo hace como consecuencia de la concesión de 70 millones de euros en ayudas para el plan de formación de los extrabajadores de Delphi.

Cabe recordar que en esta causa se investigan también las subvenciones otorgadas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Mientras, la jueza de Almería que instruye la investigación de presuntas irregularidades en subvenciones al SAE por parte de la Junta en 2010 y 2011 ha vuelto a prorrogar el secreto de sumario.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, expresó ayer su deseo de que «cuanto antes» finalice la instrucción del caso de los ERE, que paguen los culpables y que, sobre todo, «no se siga poniendo en cuestión» a personas «honestas» como sus antecesores, José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Además, Díaz señaló que no tiene ninguna información sobre el hecho de que la causa se vaya a trasladar al Tribunal Supremo.