El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han aprobado este lunes un protocolo para agilizar los desplazamientos de las víctimas de violencia de género y de sus hijos entre casas de acogida de regiones distintas a la de su procedencia para que estén resueltos en un plazo máximo de quince días.

Lo ha anunciado la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, en rueda de prensa al término de la Conferencia Sectorial de Igualdad, en la que ha señalado que el protocolo ha sido ratificado por todas las comunidades a excepción de Cataluña y País Vasco.

Camarero ha afirmado que estas dos comunidades no han firmado el protocolo por temas competenciales pero ha confiado en que la solidaridad primará y que ninguna mujer va a quedar desatendida.

La comunidad de origen de la víctima o en su caso, si así lo acuerda con la de acogida, asumirán los costes de desplazamiento y cuando llegue la mujer con sus hijos al nuevo centro éstos serán escolarizados de forma inmediata.

Camarero ha destacado que esta interconexión entre comunidades y las casas de acogida se efectuará sobre los principios de "celeridad, seguridad y confidencialidad".

Según el protocolo aprobado, la comunidad de origen de la víctima también asumirá el gasto que ocasionen los viajes de regreso y el alojamiento por obligación del proceso judicial o por causa debidamente justificada.

La mujer será derivada a una casa de acogida situada en otra comunidad cuando haya una resolución judicial o un informe del Ministerio Fiscal y, en casos urgentes porque esté en juego su vida, bastará un informe del Centro de la Mujer, de Servicios Sociales, u organismos de igualdad o equivalentes.

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, ha informado de que el Ministerio ha pedido a las comunidades los datos sobre las casas de acogida y otros recursos de los que disponen para saber el número total existente.

Sanidad también ha presentado a las comunidades las "Pautas comunes para la intervención integral e individualizada con mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas y otras personas a su cargo".

El texto tiene como objetivo una intervención personalizada y multidisciplinar y hace hincapié en la coordinación entre los distintos profesionales que intervienen en el proceso.

Además, define los objetivos para la recuperación de las maltratadas y sus hijos a partir de la asistencia psicosocial, laboral, educativa y sanitaria.

Tal y como ha expuesto Camarero, a las víctimas se las asignará un profesional de servicios sociales para llevar su caso y el posterior seguimiento a través de un plan individualizado.

Por otra parte, el Ministerio ha comunicado a las comunidades que contarán con 4,3 millones de euros para proyectos de atención integral para las víctimas de violencia machista y de menores a cargo.

De ellos, 3,1 millones estarán destinados a proyectos de asistencia a las mujeres y 1,2 a la atención a los menores.

A esta cantidad hay que sumarle alrededor de un millón más provenientes del Espacio Económico Europeo, en concreto de Noruega. En total, serán 5,3