Nicolas Sarkozy, exjefe del Estado francés entre 2007 y 2012, fue imputado este miércoles por los presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción. La decisión del tribunal se produjo después de que Sarkozy pasara 15 horas retenido en una comisaría. Los jueces indagan si el expresidente de la República tenía a su disposición una red de informadores en el seno de la policía y de la justicia para estar al corriente de las investigaciones internas sobre los frentes judiciales que tiene abiertos. En Francia, solo están aforados el presidente de la República, el primer ministro y los miembros del Gobierno. Sarkozy perdió su inmunidad en junio de 2012, por lo que esta investigación recayó en dos jueces de instrucción de un tribunal ordinario de París.

¿Podría pasar lo mismo en España? Es decir, en nuestro país el jefe del Estado es el rey. Desde el pasado 19 de junio el cargo recae en Felipe VI. Su antecesor, su padre Juan Carlos I, ha pasado a ser ex jefe de Estado, una nueva figura institucional. Como le ha pasado a Sarkozy, ¿el ex jefe del Estado español podría ser investigado por un juez de un tribunal ordinario? En teoría sí. Por eso quizás las prisas del Gobierno en aforar a Juan Carlos I. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha llegado incluso a admitir que la tramitación del aforamiento del rey Juan Carlos quedó "un poco chapuza" porque las Cortes tuvieron que tramitarla "a toda velocidad", pero defendió la concesión de este estatus jurídico al padre del actual Jefe del Estado y a otros miembros de la Familia Real.

España es el país de Europa con más aforados. Hay unos 2.200 políticos, 2.400 fiscales y 5.200 jueces con esta condición jurídica singular. Si alguna vez son imputados, no son enjuiciados por un tribunal ordinario, como el resto de ciudadanos, sino por una corte superior. Así, por ejemplo, diputados y senadores, así como miembros del Gobierno, tienen derecho a ser juzgados solo por el Tribunal Supremo. En el caso de los diputados regionales, por tribunales superiores de cada comunidad autónoma. La cifra de aforados podría superar las 250.000 personas si se añade el especial tratamiento jurídico de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

En el caso concreto del ex jefe del Estado español, Juan Carlos I, hasta que pase a ser aforado en unas pocas semanas es, en teoría, como un ciudadano más. Si alguien le denunciara, por ejemplo en Madrid, debería ser un juez de un tribunal ordinario de Madrid quien admitiera o no a trámite la denuncia o querella. "No hay problemas jurídicos procesales en este caso", señala Juan Luis Gómez Colomer, catedrático de Derecho de la Universidad Jaume I y coautor del Tratado Jurisprudencial de Aforamientos Procesales. "Deduzco que un juez de instrucción se lo pensaría diez veces antes de imputar al ex jefe del Estado. Pero si por ejemplo lo hiciera un juez de Madrid, este juez perdería la competencia del caso en favor del Tribunal Supremo en cuanto Juan Carlos I esté aforado", algo que pasara en breve.

"A día de hoy, con el rey Juan Carlos aún no ha aforado, lo enjuiciaría un tribunal ordinario. Aquí hay cuestiones no resueltas, muchas incógnitas. España es una maraña de aforados con tantas condiciones singulares que no tenemos todas las respuestas. Hay disfunciones en el sistema por tanto aforamiento", asegura Iñaki Esparza Leibar, catedrático de Derecho Procesal en la Universidas del País Vasco y el otro coautor del tratado de aforamientos.

La Casa Real temía una avalancha de demandas, y el Poder Judicial un "peregrinaje" del rey Juan Carlos por distintas instancias judiciales, por eso se optó, con el apoyo del Gobierno, por un aforamiento exprés y que pueda tener retroactividad. No hay que olvidar que en 2012 el entonces Jefe de Estado se enfrentó a dos reclamaciones de paternidad. Una del catalán Alberto Sola Jiménez y otra de la ciudadana belga Jeanne Satiau. Ambos reclaman ser hijos biológicos del rey. Dos juezas de primera instancia rechazaron entonces tramitar las demandas porque el rey es inviolable tanto en su actuación como jefe de Estado como en su vida personal (artículo 56 de la Constitución). Alberto Sola quiere presentar ahora un escrito de ampliación a la demanda, que aunque fue inadmitida, fue recurrida y se encuentra ahora en la sección 24 de la Audiencia Provincial Civil de Madrid, donde se deliberará, en principio, el próximo 9 de septiembre. Por esas fechas Juan Carlos I ya estará aforado, por lo que el recurso pasaría al Supremo.

¿Qué pasaría con los ex presidentes del Gobierno? ¿Qué tribunales enjuiciarían a Felipe González, Aznar o Zapatero si mañana fueran detenidos e imputados? El artículo 102 de la Constitución dice que "la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo? "Si no se ejerce el cargo, no existe aforamiento", explica el profesor Esparza. El artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece qué cargos del Estado, el Gobierno y la Judicatura están aforados, y los expresidentes no lo están.

"Como no tienen aforamiento, la causa recaería en un tribunal ordinario de aquella ciudad en la que se haya cometido el delito", señala Gómez Colomer. ¿Y si el delito lo cometieron cuando eran presidentes del Gobierno? "Entonces serían juzgados en Madrid. Hay jurisprudencia dividida en este tema, que dice que acabado al aforamiento acabado el privilegio, aunque en el Supremo piensan que podrían seguir siendo aforados", concluye Gómez Colomer.

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha insistido en que aforamiento no se sinónimo de "impunidad", por lo que si algún aforado comete un delito "va a ser juzgado igual que el que no lo está". Posada ha explicado que aunque el aforado se "beneficia" de ser juzgado por el Supremo, también tiene que lidiar con el inconveniente de no poder recurrir ante este órgano, una posibilidad que sí tienen los que no son aforados y son juzgados en una primera instancia.

En Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, por ejemplo, no hay aforados que gocen del derecho a ser juzgados por un tribunal distinto al que corresponde a un ciudadano normal. En Portugal e Italia solo lo está el presidente de la República; y en Francia, el presidente, el primer ministro y su Gobierno. No obstante, el aforamiento de los miembros del Ejecutivo francés (es decir, que sean juzgados por la Corte de Justicia Republicana) está vinculado a casos que tuvieran que ver con la política. Si, por ejemplo, cometiesen un asesinato, comparecerían ante un juez ordinario.

En Francia también existe la inmunidad parlamentaria para diputados, senadores y sus eurodiputados, una inmunidad que puede ser revocada por las respectivas Cámaras para que se les juzgue en tribunales ordinarios. En Alemania, por ejemplo, son inviolables los diputados de la Asamblea Federal, que solo pueden ser detenidos si el Bundestag da su permiso expreso. En Alemania no existe ningún aforamiento, solo es inmune el presidente de la República Federal, no la canciller (hoy Angela Merkel). Inmune no quiere decir inviolable, ya que el proceso para levantarles el privilegio es muy rápido si cometen algún delito. Para un político alemán recibir una petición de retirada de inmunidad es muy grave. El expresidente Christian Wulff dimitió sin que hiciera falta levantarle la inmunidad cuando le llegó en 2012 una acusación de la Fiscalía de Hannover por supuestos sobornos.

Algo similar ocurre en Italia, donde se ha de reclamar un suplicatorio a la cámara para poder juzgar a un cargo electo. En Italia, Silvio Berlusconi, que ha ocupado todo tipo de cargo público (senador, ministro y primer ministro), siempre ha sido juzgado por un tribunal ordinario. Solo se libra el presidente (hoy Giorgio Napolitano), único aforado de Italia.