Los grupos de la oposición han criticado el método utilizado por el PP al presentar dos enmiendas a una ley ya en trámite para aforar al rey Juan Carlos, ya que creen que un asunto tan importante no merece abordarse con una "reforma exprés", a la que el Congreso podrá dar su visto bueno el próximo jueves.

En este argumento han coincidido los portavoces del PSOE, la Izquierda Plural, CiU, PNV y UPyD en la reunión de la ponencia que ha acordado incluir en el debate de la Comisión de Justicia convocada este martes en el Congreso esas enmiendas del PP al proyecto de ley de racionalización del sector público y reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Desde el grupo popular, el presidente de la Comisión de Justicia, Alfredo Prada, ha defendido la necesidad de resolver en el menor tiempo posible y cuanto antes un asunto que debía solucionarse tras la abdicación de don Juan Carlos, como es su aforamiento y el de reina Sofía, la reina Letizia y la princesa de Asturias. Prada ha recalcado que el trámite se ajusta al reglamento del Congreso, y ha subrayado la voluntad de negociación de su grupo con el resto de las fuerzas políticas.

De momento, este martes se votarán las enmiendas en la Comisión de Justicia, y después el dictamen del proyecto de ley se remitirá a pleno para su aprobación definitiva el jueves. La Mesa del Congreso, según fuentes parlamentarias, podría decidir su debate en el pleno del jueves ya convocado o convocar para ello otro pleno extraordinario el mismo día.

La diputada socialista Meritxell Batet ha destacado que este procedimiento "es posible que no sea el más adecuado", ya que la precipitación no "es buena" para el Parlamento ni para la Jefatura de Estado. Desde el punto de vista del PSOE, que ha anunciado su abstención, las enmiendas del PP nada tienen que ver con la materia de la ley y afectan a un asunto muy delicado que requiere un mayor sosiego.  Batet ha considerado que sería bueno reflexionar sobre la regulación actual de los aforamientos para estudiar si es conveniente mantenerla y plantearse "si están todos los que tienen que estar".

El diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares ha anunciado que recurrirán la presentación de estas enmiendas del PP al considerar que se ha vulnerado el reglamento del Congreso, al no haberse cumplido el plazo de 48 horas de margen. Además de denunciar un "fraude" en las formas, Llamazares critica que se trate de un "aforamiento especial" que prácticamente supone -a su juicio- una inviolavilidad puesto que se pretende aforar al margen del cargo.

Por su parte, Jordi Jané de CiU ha coincidido en que esta reforma requiere una reflexión global y no puntual, "exprés" y precipitada, como la que ha presentado el PP. No obstante, no ha despejado si finalmente su grupo apoyará las enmiendas del PP y se ha limitado a insistir en que se trata de un "tema serio" que merece una "reflexión global" sobre el aforamiento, aunque también ha recalcado que "estar aforado no significa tener impunidad" ni que sus actos queden impunes, sino que debe responder de ellos ante al Tribunal Supremo.

Irene Lozano, de UPyD, ha cuestionado tanto la forma "con prisas" como el fondo de las enmiendas, ya que su grupo considera que el aforamiento es "un privilegio arcaico que habría que eliminar". Por ello, ha presentado también sendas enmiendas en las que pide reducir el aforamiento a los 600 casos que establece la Constitución y eliminar con carácter inmediato otros 9.400 casos.

El portavoz de Justicia del PNV Emilio Olabarria ha coincidido en que mantienen "reservas severas" entorno al procedimiento porque creen que ha sido "demasiado acelerado y tortuoso" y puede levantar suspicacias. Olabarría considera que el aforamiento que se contempla es "demasiado potente", ya que no se vincula a función alguna lo que supone "un privilegio" respecto a otros aforados como el presidente del Gobierno, los ministros, diputados, senadores e incluso miembros de la judicatura. El PNV -ha avanzado- no va a aceptar un aforamiento "universal" que no suponga el mismo tratamiento que los ya previstos.

El popular Alfredo Prada, por su parte, ha destacado la voluntad de "escuchar" de su grupo hasta el último minuto y ha avanzado que estudian también introducir algunas mejoras técnicas -no de fondo- sobre la fórmula para aforar a los príncipes de Asturias. Respecto al aforamiento de don Juan Carlos no se prevé ninguna modificación, por lo que la ley establecerá que cualquier asunto civil o penal que le afecte deberá ser tramitado por el Tribunal Supremo.

Sobre este asunto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha calculado este lunes que el rey Juan Carlos tendrá la condición de aforado en el plazo de unos quince días, el tiempo que cree que tardará la tramitación parlamentaria de la norma en la que se ha incluido ese aforamiento.

Rajoy ha defendido el aforamiento de don Juan Carlos en declaraciones a los periodistas en la ciudad de Gdansk (Polonia) antes del inicio de la X cumbre hispano-polaca. El jefe del Ejecutivo ha calificado de "lógica y razonable" esa condición de aforado ante la Justicia y ha considerado difícil discutirlo cuando la tienen también muchos cargos, como los parlamentarios nacionales y autonómicos. Rajoy se ha mostrado convencido de que no va a haber ninguna actividad de don Juan Carlos que precise de la intervención de los tribunales, pero ha insistido en defender su aforamiento tras casi cuarenta años como rey de España.

Ante la fórmula elegida para el aforamiento, ha señalado que no se trata de que se haga más o menos rápido, sino de "hacer las cosas bien". No obstante, ha explicado que, como no se podía hacer por real decreto, sino que es obligatoria una ley orgánica, presentar una nueva dilataría varios meses el proceso, mientras que hacerlo por vía de enmienda a una ley ya en las Cortes acorta el plazo a unos quince días.

Anticipándose a lo que iba a regular la futura reforma global de la LOPJ, actualmente en fase de anteproyecto, y adaptándose al hecho inusual de tener 'reyes abdicados', el PP registró este viernes dos enmiendas para que pasen a considerarse aforados los reyes que abdican (ahora don Juan Carlos), sus consortes (doña Sofía), los consortes del rey (la reina Letizia) y los príncipes de Asturias (de momento Doña Leonor y su futuro cónyuge).

Tendrán, por tanto, el mismo nivel de protección jurídica que los diputados y senadores, lo que implica que las acciones judiciales que se abran contra ellos deberán tramitarse en las salas civil y penal del Tribunal Supremo.

Además, a través de la segunda enmienda registrada por el PP se incluirá una disposición transitoria para que, en el caso de que algún tribunal esté tramitando alguna causa contra los nuevos aforados 'reales' cuando la ley entre en vigor, éstas sean suspendidas y remitidas al Tribunal Supremo.