Tres vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han propuesto al órgano de gobierno de los jueces que no se pronuncie sobre el anteproyecto de reforma de la ley del aborto en espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso que el PP presentó contra la actual ley.

Se trata de los vocales Mercè Pigem, Enrique Lucas y Fernando Grande-Marlaska, mientras que una cuarta vocal, Núria Díaz, considera que desligar el aborto eugenésico de los efectos sobre la salud psíquica de la madre violaría los compromisos internacionales de España en materia de protección de la discapacidad.

El Consejo General del Poder Judicial celebrará este viernes un pleno extraordinario que deberá informar sobre el anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, para lo que tiene sobre la mesa dos propuestas, redactadas por las ponentes Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda.

La segunda pide la retirada del anteproyecto mientras que la primera es moderadamente crítica con el mismo, de modo que lo que está en el aire es si llegará a haber consenso entre los veinte vocales o si, por el contrario, la mayoría apoyará a Llombart y se producirá un voto particular más crítico con el anteproyecto del Gobierno suscrito por la minoría progresista.

Según ha informado este martes el Poder Judicial, cuatro vocales han presentado ya también sus alegaciones, que se incorporarán a la documentación a debatir el viernes.

Dos de ellos, Mercè Pigem y Enrique Lucas, han abogado por esperar a la decisión del Constitucional sobre la ley vigente y recomiendan al Gobierno que "se replantee la conveniencia de aprobar una nueva norma en una materia tan sensible, modificando un sistema como el vigente que presenta un alto grado de aceptación por la ciudadanía, y que no ha arrojado un saldo negativo en su aplicación".

Estos dos vocales sostienen que hay una razón de seguridad jurídica que el Ejecutivo no puede soslayar y que atiende a la propia materia objeto de regulación.

Pigem y Lucas alertan de la situación de inseguridad jurídica que derivaría de una declaración de constitucionalidad del modelo vigente -de plazos e indicaciones- por parte del Tribunal Constitucional, "de tal forma que la adopción de este anteproyecto sin esperar la respuesta del Tribunal Constitucional podría convertir en delictivas conductas que son consideradas y declaradas como constitucionales por el alto tribunal".

Según el CGPJ, también el vocal Fernando Grande-Marlaska ha aludido a las razones de seguridad jurídica en el escrito que ha registrado.

Este vocal dice que dados los específicos derechos, libertades y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos afectados en la regulación y teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la Ley vigente, "habría que estar a su resolución".

Una cuarta vocal, Nuria Díaz, ha discrepado de las propuestas de informe presentadas por las ponentes Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda, que coinciden en pedir que el supuesto del aborto eugenésico en los casos en los que exista una anomalía fetal incompatible con la vida se desligue de la afectación de la salud psíquica de la mujer por entender que no se da conflicto entre los derechos de la embarazada y la protección del concebido.

Díaz recuerda que el Comité de Bioética ha considerado, en su informe al anteproyecto, que la despenalización del aborto en la regulación de 1985 y de 2010 en el supuesto de anomalías del feto es "una norma discriminatoria que atenta contra la Constitución española y contra la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad".