La lucha contra el fraude fiscal en España ha registrado su primer paso atrás en los 23 años de funcionamiento de la Agencia Tributaria. Si en 2012 la persecución de defraudadores permitió ingresar en las arcas públicas más de 11.517 millones de euros, el pasado año la capacidad recaudatoria se redujo hasta el entorno de los 10.950 millones, un 4,9% menos. Al menos este es el cálculo que estiman desde el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), a la luz de los últimos datos publicados.

El fraude fiscal, vinculado directamente a la economía sumergida, supondría un volumen equivalente a entre el 20% y el 25% del PIB, según las distintas mediciones. Así, si bien para la Fundación de Estudios Finacieros (FEF) el peso del fraude se ha mantenido estable en el entorno del 20% del PIB, los cálculos de los técnicos de Gestha elevan la cifra hasta los 253.000 millones de euros (un 24,3% del PIB). Y la crisis no habría sino acentuado la evasión de impuestos, en cerca de 60.000 millones de euros más que escapan a Hacienda.

Tal como muestran las cifras oficiales (ver cuadro más abajo) la recaudación efectiva descendió tanto en lo respectivo a la prevención y control del fraude tributario y aduanero (de 10.400 a 10.091 millones) como en los ingresos "inducidos por actuaciones de control", es decir, los ingresos logrados por las inspecciones directas (pasan de 1.116 millones a 858 en un año). Desde Gestha achacan esta aminoración al "agotamiento" del actual modelo organizativo, "así como a su actitud de mirar para otro lado en la lucha contra el fraude", tal como denuncian en un comunicado.

El director de la AEAT, Santiago Menéndez, por su parte, , explicó en marzo que la caída de la recaudación por lucha contra el fraude en 2013 se debió a "unos ingresos extraordinariamente altos" en los ejercicios 2011 y 2012, gracias a un volumen fuera de lo común de sentencias judiciales favorables para el Estado.

La crítica a los resultados en la persecución de evasores se une a las que este mismo sindicato profirió hace dos meses: Acusaron a la dirección de Hacienda de fijar unos objetivos de recaudación por debajo de los resultados de un año antes, lo que normalmente le permite después presumir de un aumento espectacular de sus resultados. "Los datos evidencian que la Agencia Tributaria cocina sus logros en la persecución del fraude fiscal para aparentar en los últimos ejercicios una mejora media del 27% de sus resultados, cuando en realidad supuso una mejora media del 12,5% anual si se compara con el ejercicio anterior", explicaron.

¿Cómo revertir esta caída y lograr volver a incrementar los ingresos fiscales? Algunos de los que más saben de impuestos, los inspectores de Hacienda, apuestan por, entre otras medidas, "incentivar" económicamente a los confidentes que se atrevan a delatar a un defraudador. Este tipo de prácticas no es nuevo, y ya se lleva a cabo con éxito en países como Alemania. Hace apenas un año, la Organización Profesional de Inspectores (IHE) presentó una batería con una veintena de propuestas para combatir a los evasores.

Entre las medidas más efectivas, dicen, estaría el llegar a acuerdos bilaterales con países como Suiza o Reino Unido, o la obligación de las grandes multinacionales de presentar un informe financiero por cada uno de los países en los que operan sus filiales. También sería positivo, aseguran, evitar la deslocalización de empresas y operaciones financieras "estableciendo cláusulas antifraude en los convenios de doble imposición" de España con terceros países.

Por su parte, los técnicos de Gestha apuestan por modificar el destino de los medios humanos disponibles. Y es que según sus cálculos, ocho de cada diez subinspectores se ocupan de combatir a los defraudadores de menor cuantía, que apenas suponen un 29% del total evadido. La idea de que el fraude se concentra sobre todo en los pequeños autónomos es "erronea", explican, ya que la inmensa mayoría del fraude (el 71%) procede de grandes compañías y patrimonios. Sin embargo son los contribuyentes que menos presión reciben por parte de la Agencia Tributaria, tal como denuncian los encargados de las inspecciones, que exigen que por ello se reviertan las prioridades.

Pese a que el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y otros miembros del Gobierno han declarado repetidas veces que la lucha contra el fraude es una de sus prioridades, lo cierto es que las medidas emprendidas hasta ahora presentan luces y sombras. Este hecho, que es grave de por si, provoca aún más críticas si la ausencia de eficacia recaudadora acaba por dejar sin efecto las subidas de impuestos. En su primer año de legislatura, el Ejecutivo presentó un plan para combatir la evasión y la elusión fiscales. Entre los cambios principales, la prohibición de efectuar pagos en metálico por encima de los 2.500 euros. Otra de las medidas fue el establecimiento de nuevas multas y sanciones para aquellos contribuyentes que mantuvieran cuentas no declaradas en el extranjero.

Precisamente para hacer efectiva este nuevo régimen de sanciones, el Gobierno obligó a finales de 2012 a que todos los ciudadanos con cuentas y bienes en el extranjero informaran de los mismos a Hacienda. Se presentó como la ley contra el fraude "más ambiciosa de la democracia", pero vino acompañada de lastres como la amnistía fiscal, que recaudó menos de la mitad de lo esperado y permitió tributar a miles de evasores solo por los intereses. Los datos de la amnistía fiscal blindados por la cúpula de Agencia Tributaria, estuvieron restringidos en su consulta para una mayoría de inspectores y técnicos.

Las tensiones de tesorería de la Administración empujaron al Ejecutivo a dejar de lado el combate contra el fraude y priorizar la recaudación a corto plazo. Así, se aprobaron medidas legales que libraban de ir a prisión a los imputados por fraude fiscal siempre y cuando pagaran la cantidad evadida antes de dos meses (más intereses). En esta misma línea, Hacienda se atribuyó nuevos poderes para tomar medidas cautelares que evitaran que los evasores se declarasen insolventes para evitar pagar.