Una cuarta parte de la economía española está al margen del control tributario y de las administraciones. Al menos este es el cálculo estimado por el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) y el profesor Jordi Sardà, de la Universidad Rovira i Virgili, que estiman que el peso de la economía sumergida en España supondría un volumen del 253.000 millones de euros, cerca de un 24,6% del PIB.

En su informe La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis, el colectivo de subinspectores de la Agencia Tributaria (AEAT) calcula que la crisis no ha hecho sino incrementar los niveles de fraude fiscal por parte de empresas y familias. Así, entre 2008 y 2012 (último año del informe) el volumen de economía al margen de los controles se disparó en 59.509 millones de euros.

¿Y cómo se lucha contra este fraude creciente? Las actuaciones preventivas y la recaudación aumentaron, pero no en una medida proporcional: La Agencia Tributaria recaudó en 2012 11.517 millones de euros por medidas de lucha contra la economía sumergida, aumentando en un 10% la cantidad frente al año anterior. Las actuaciones de control (las inspecciones), por su parte, se redujeron en un 8,75% entre 2011 y 2012.

Hace unos seis años, en 2008, la economía irregular suponía, en millones de euros, un volumen de uno 193.000 millones de euros, según los datos de Gestha y el profesor Sardà. A finales de 2012, la cifra supera los 253.000 millones. ¿A qué se debe un aumento tan acentuado mientras España ha atravesado una crisis económica que ha imposibilitado su crecimiento? Varias son las razones, según el estudio.

Por un lado, está lo que estos investigadores llaman el "tsunami del ladrillo": El boom inmobiliario en España logró crear una gran dependencia a este sector, y fueron normalizadas prácticas como "escriturar viviendas por debajo de su precio de compra". Conductas irregulares que pese a la caída de la actividad en la construcción se fueron arrastrando aún durante los primeros años de la crisis.

El fraude alrededor del ladrillo, a medida que ha ido evolucionando la crisis, ha ido perdiendo peso en favor del empleo sumergido. La tasa de paro, que se ha triplicado desde 2008 (actualmente está en el 26,03%), oculta una realidad en la que millones de personas trabajan de forma opaca para las administraciones. Junto a este detonante, los técnicos de Hacienda apuntan a las subidas de impuestos de este Gobierno y el anterior, como un incentivo más en favor del fraude. "No fueron acompañadas por un eficiente control tributario", lamentan.

Otra causa que habría disparado el fraude fiscal sería la creciente percepción de la corrupción política y empresarial en España, así como la multiplicación de los casos judiciales relacionados con este hecho. "Además, a estos factores se suma uno transversal, que es el masivo uso de billetes de 500 euros en nuestro país, que representa el 73,7% del efectivo en circulación y el 14% del valor de todos los billetes de 500 que se manejan en la zona euro", explican desde Gestha, al tiempo que destacan que esta modalidad de pago es la preferida por parte de los defraudadores.

El informe desglosa además los niveles estimados de fraude por comunidades autónomas y provincias. Los datos se mueven en paralelo, en muchas ocasiones, a los del desempleo. Así, Extremadura (31% del PIB) y Andalucía (29,2%) lideran la lista de regiones con mayores niveles de economía sumergida. En el otro lado del espectro, y sensiblemente por debajo de la media, se sitúan Madrid (17,3%) y Cantabria (22%).

Los técnicos de Hacienda hacen incapié en la confusión que pueden provocar los datos de Madrid. Y es que el 'efecto capitalidad' provoca que la villa sea sede del 60% de las 100 principales empresas, que son más proclives a eludir los impuestos mediante la ingeniería fiscal, y no a través del fraude. Así, y en opinión de Gestha, los datos de la capital tienen que ser tomados con precaución. Por otro lado, "hay zonas geográficas en las que la economía sumergida es un mal endémico, como es el caso de las provincias de Ávila, Albacete, Ourense y Toledo, todas ellas de interior y menos dinámicas", señalan los autores del estudio.

"La definición de economía sumergida suele ser imprecisa ya que no existe un acuerdo generalizado sobre cuál deber ser su contenido". Los autores del informe reconocen que con los actuales datos diponibles es casi imposible calcular el volumen exacto de la economía sumergida, por lo que han tenido que partir, necesariamente, de cálculos previos de otros. Para ello han utilizado una metodología (llamada MIMIC) que utiliza ecuaciones para ponderar el posible porcentaje de fraude relacionado con variables como el paro, la cantidad de efectivo en circulación... El problema, es que ese "valor conocido previo" que es necesario obtener es, más que posiblemente, otra estimación.

A falta de datos oficiales (las autoridades españolas no publican estadísticas de fraude), las estimaciones sobre el volumen de la economía sumergida elaboradas por distintas organizaciones y académicos varían sustancialmente entre ellos. No obstante, el espectro de porcentajes en todo caso sitúa a España entre los países por encima de la media: Oscila entre el 18% y el 25%, según los cálculos.

La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) en abril de 2012 estimaba que la economía irregular tenía un peso equivalente a entre un 23% y un 25% del producto interior bruto español. En julio de 2013, otra fundación (la de estudios fiscales, FEF) redujo esta cuenta hasta el 20%, lo que aún así situaba a España solo por debajo de Italia en el conjunto de la Unión Europea.

Célebre es también el informe (Tamaño y desarrollo de la economía en la sombra de 31 países europeos y otros países de la OCDE desde 2003 hasta 2013) que, a nivel europeo, ha venido realizando el profesor Friedrich Schneider. Según sus cálculos, en España la economía sumergida se mantuvo en 2013 alrededor de la media (18,6% frente al 18,5% del PIB), después de haber registrado un descenso de 6 décimas respecto a 2012. Este informe, encargado por la empresa de tarjetas de crédito Visa, es el utilizado incluso por las autoridades europeas para sus trabajos.