El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal que anunció en abril y ahora lo vuelve a poner sobre la mesa para su remisión a las Cortes.

Las medidas, que por tanto ya se conocían en su mayoría, buscan atacar a los "nichos clave de fraude fiscal, aquellos sectores en las que se detecta mayor incumplimiento", ha explicado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Además, el plan refuerza la seguridad jurídica de la Agencia Tributaria para evitar que el defraudador "se vaya de rositas", ha insistido.

Entre las medidas 'estrella' de este anteproyecto se encuentra la prohibición de realizar pagos en efectivo superiores a los 2.500 euros en las operaciones en las que intervienen empresarios y autónomos. Están eximidas de este requisito las compra-ventas en metálico entre dos particulares.

Este límite no afectará a las operaciones entre particulares o entre particulares y entidades financieras, y se elevará hasta los 15.000 euros en el caso de pagadores no residentes, para favorecer la llegada de turistas.

Quienes incumplan esta prohibición se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo, y tanto el pagador como el receptor del pago responderán de forma solidaria de dicha infracción, por lo que la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de ellos.

Se fija, además, el deber de toda autoridad o funcionario público de denunciar los incumplimientos de los que tengan conocimiento en esta materia. Si la denuncia procede de una de las partes que hayan intervenido en la operación, Hacienda no aplicará sanción alguna a esta parte si voluntariamente lo pone en conocimiento de la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago.

Los intervinientes en estas operaciones en las que participe un empresario o profesional deberán conservar los justificantes de pago durante cinco años para acreditar ante la Agencia Tributaria que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo.

Otra de las medidas del anteproyecto establece  una multa mínima de 10.000 euros para aquellos contribuyentes que no declaren sus cuentas en el extranjero, a los que se sumarán 5.000 euros por cada dato que se descubra y que no haya sido comunicado por el contribuyente.

El proyecto establece la obligación de comunicar las "cuentas, valores, títulos, rentas o bienes inmuebles" en el extranjero y si no han sido declaradas y son descubiertas por Hacienda no prescribirán y serán imputadas al ejercicio económico del año que se hayan descubierto.

Además la Agencia Tributaria podrá tomar medidas cautelares para evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia o cometan un alzamiento de bienes para que Hacienda no pueda cobrar. Se podrán hacer embargos preventivos, explicó la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El Gobierno ha justificado esta medida en que en muchas deudas tributarias que están pendientes por delito fiscal o por expedientes de inspección de la Agencia Tributaria el deudor se coloca en situación de insolvencia que impide su cobro después de procesos administrativos muy largos y procesos judiciales tortuosos.

Para evitar esta situación, Hacienda legislará para evitar la situación de insolvencia de los deudores con el objetivo de hacer efectivo el cobro de la deuda, con lo que se abre la posibilidad de perseguir y liquidar la deuda, las sanciones correspondientes y los intereses generados "en cualquier momento en el que fuera detectada".

La vicepresidenta ha anunciado que también se reforzarán los convenios con Luxemburgo, Andorra o Suiza para compartir información y evitar la evasión de capitales.

El sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha asegurado este viernes que las medidas del proyecto de ley de lucha contra el fraude se quedan cortas y ha defendido que el tipo del pago en efectivo sea de 1.000 euros, y no de 2.500.

En un comunicado, Gestha ha reclamado la necesidad de medidas más contundentes para detectar casos de fraude o disuadir a quienes puedan cometerlo.

Este hecho, junto con el "lamentable precedente" de la amnistía fiscal, supone para Gestha un grave obstáculo para concienciar a la ciudadanía de la importancia de la lucha contra el fraude.

Además, los técnicos han destacado que la obligación de informar sobre las cuentas abiertas en el extranjero no tendrá importancia, porque permitirá hacer acopio de información de cuentas "blancas" que ya están en manos de Hacienda, mientras que las rentas opacas seguirán sin declararse.