Retrasar la edad de jubilación, fomentar la natalidad y situar a Asia entre las prioridades de la política exterior española son algunas de las recomendaciones que un informe de la consultora PwC y la escuela de negocios ESADE dirige a las Administraciones públicas pensando en cómo preparar mejor a España para el horizonte de 2033.

Los gobiernos verán cada vez más mermado su poder frente a otros actores El documento, que ha dirigido el político español Javier Solana, imagina cuatro escenarios posibles de cómo estará el mundo y España dentro de 20 años a partir de "información fiable", según ha explicado el presidente de PwC, Carlos Mas, en la presentación del informe.

En 2033, el poder estará menos concentrado en los países desarrollados de Occidente. "Jugaremos un partido sin árbitro marcado por la diversidad de los jugadores. Los gobiernos nacionales verán cada vez más mermado su poder frente a otro tipo de actores", señala el documento.

El peso económico se moverá hacia Asia, habrá más clase media en los países hoy en desarrollo y más desigualdad en los países occidentales.

"Seremos más viejos, más urbanos y la élite con talento será más cosmopolita, mientras que la población poco calificada se enfrenta al riesgo del desempleo estructural", augura el informe.

Ante este escenario, el documento dirige una serie de recomendaciones a las Administraciones públicas y a las empresas. A las primeras les aconseja, en primer lugar, "modificar las prioridades de su política exterior tradicional", para concentrar su atención en las zonas de Asia que más crecerán.

Si de aquí a 2033 las economías de Francia y Alemania, principales socios comerciales de España, crecerán un 33 y un 26%, China lo hará al 180%, refleja el informe, que propone por ello "poner rumbo a Oriente", sin perder las ventajas competitivas en América Latina y aprovechando las oportunidades que se abren en África. También aboga por dotar de mayores recursos humanos y materiales al servicio exterior.

Para hacer frente al envejecimiento paulatino de la sociedad española y al aumento de pensionistas, el texto propone retrasar la edad de jubilación y lograr la integración plena de la inmigración.

Además, se propone fomentar la natalidad —que no ha hecho sino caer en los últimos años—facilitando la conciliación real y que pueda ser el padre el que coja la baja laboral para cuidar de sus hijos, a fin de favorecer una verdadera inserción de la mujer en el mercado de trabajo español.

También se insta a España a construir una economía más intensiva en conocimiento, no sacrificar las políticas de educación y ciencia por la necesidad de reducir el gasto público, incentivar la permanencia en el país de los extranjeros que se forman en nuestras mejores escuelas de negocio y fomentar el alquiler frente a la compra de vivienda para contribuir a una mayor movilidad de los trabajadores.

Sería conveniente asimismo, continúa, transmitir al exterior seguridad jurídica y credibilidad con una regulación "estricta" en materia de competencia; organismos supervisores independientes y autónomos; eliminando barreras a la competencia; actuando de forma decidida contra la corrupción y abandonando la protección de industrias obsoletas.

Otras de las recomendaciones pasan por evitar la desvinculación de España de los nuevos emigrantes jóvenes, asegurar la igualdad de oportunidades para evitar inestabilidad política e impulsar la transparencia de la Administración pública.

El documento incluye asimismo sugerencias dirigidas a las empresas, a las que aconseja ahondar en su internacionalización, mejorar el análisis de riesgos, posicionarse en los mercados emergentes, aumentar la presencia de extranjeros en los puestos de dirección y diseñar ofertas para las nuevas clases medias de los países emergentes y para los mayores de 65 años en las sociedades occidentales, entre otras cuestiones.